Paul Ojeda, director general de Control de Contrataciones de la Contraloría, ratificó que el informe elaborado en dicha institución estatal sobre la compra fallida de insumos chinos por parte del Ministerio de Salud señalaban dos puntos principalmente: uno hace referencia al daño patrimonial que se causaría si no se ejecuta la póliza por el anticipo entregado a las firmas proveedoras y el otro a la lesión que causó a todo el sistema de salud el desaprovisionamiento de insumos y equipos que eran vitales en ese momento para la lucha contra el COVID-19.
Esta mañana, en comunicación con ABC, el director general de Control de Contrataciones de la Contraloría General de la República, Paul Ojeda, habló con respecto al informe de 44 páginas que elaboró la Contraloría General de la República (CGR) en base a la licitación hecha por el Ministerio de Salud para la compra de insumos chinos de las firmas Imedic y Eurotec, del clan Ferreira. Estos cargamentos consistían principalmente en equipos de protección ante la pandemia del nuevo coronavirus.
Al ser consultado sobre el daño patrimonial que se mencionaba en el documento, dio a entender que este se produciría si no se recupera los G. 17.000 millones entregados como anticipo. Remarcó que el Ministerio debía tramitar la ejecución de la garantía del anticipo para recuperar dicho desembolso.
“En realidad nosotros señalamos, en términos generales, que ante la serie de irregularidades detectadas y el incumplimiento que se detectó en la provisión de los insumos o equipamientos que eran vitales en ese momento, lo que en líneas generales causaba una lesión a todo el sistema de salud con el desaprovisionamiento del equipamiento”, subrayó.
La carga tan esperada de insumos para luchar contra la pandemia de COVID-19 había llegado en la segunda quincena de abril, pero la gran mayoría de los ítems fueron rechazados por la cartera estatal porque no cumplían con las especificaciones técnicas requeridas; de igual manera, la estatal no suspendió el contrato.
Cabe recordar que recién tras este lapidario informe de Contraloría –dado a conocer el 21 de mayo último–, que apuntaba a una licitación “viciada” de irregularidades, fue que el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social decidió suspender el contrato con ambas firmas proveedoras y anunciar que ejecutaría la póliza.
En ese contexto, el Ministerio de Salud solicitó a la compañía de seguros Patria SA la ejecución de la póliza por unos G. 25.000 millones, que no solo incluye el adelanto de G. 17.000 millones sino también la garantía por incumplimiento de contrato, bajo el argumento de que las empresas proveedoras no entregaron la mercadería en tiempo y forma. 
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