El Ministerio Público recibió el miércoles 7 de octubre del 2020 el informe sobre un presunto caso de feminicidio ocurrido en la localidad de San Juan del Paraná, Departamento de Itapúa.
En la oportunidad la fiscal interviniente Abg. Liliana Galeano, tomó el caso donde según el informe de la autopsia practicada a la víctima de supuesto feminicidio Alicia Fernández de 37 años, su deceso se produjo a causa de una asfixia mecánica por estrangulamiento, pero tenía otras lesiones graves en diferentes partes del cuerpo.
Desde un principio se tuvo cómo principal sospechoso del asesinato al esposo de la víctima, el suboficial Ramiro Rafael Rodas Benítez de 35 años, quien aparentemente en ese momento se encontraba separado sentimalmente de la víctima pero se habían reunido para hablar y compartir bebidas alcoholicas. En un video del momento se lo observa a él sin remera y la mujer semidesnuda en el automóvil, inclusive una patrullera se encontraba de guardia en la zona y efectivos policiales habrían visto al policía agrediendo a su acompañante quien supuestamente habría dicho «que la estaba corrigiendo». Lo gravísimo del hecho es que los uniformados de la zona habrían incurrido en Omisión de Auxilio y dejado que la situación sucediera.
Posterior a esto, ya en horas de la madrugada, en una vivienda ubicada en San Juan del Paraná, Alicia fue estrangulada y al amanecer su hijo de 6 años encontró el cuerpo, por ello pidió socorro a un vecino y a su profesora mediante un audio de WhatsApp.
El suboficial Rodas se entregó posteriormente en una Comisaría de Ñeembucú y quedó a disposición del Ministerio Público, al momento de su captura Rodas negó haber matado a su pareja.
La causa fue elevada a juicio oral a los 6 meses de ocurrido el hecho, fue postergado dos veces el inicio y supuestamente se iba realizar este 6 de noviembre, pero una vez más fue suspendido.
En la ocasión renunció el abogado defensor del acusado y el juicio se postergó para febrero del año que viene, una familia entera espera justicia y todavía no la obtiene por la lentitud del aparato judicial, casi tres años después aún no hay condena y el uniformado guarda reclusión en la Agrupación Especializada.
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