Organizaciones exigen al Estado que garantice la seguridad de Nelson Maciel, estudiante querellado y golpeado por denunciar supuestas irregularidades en el uso de fondos públicos por parte del intendente de Mayor Otaño, Pedro Chávez (ANR). También demandan la imputación del jefe comunal.
Dirigentes de la Federación de Estudiantes Secundarios (Fenaes), la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) y otros gremios del área docente y de protección de los derechos humanos, repudiaron ayer el amedrentamiento del que viene siendo víctima el presidente del Centro de Estudiantes del Colegio Nacional Mayor Otaño, Nelson Maciel.
Las organizaciones exigen que el Estado garantice la seguridad de Maciel y su familia. “Estamos en peligro”, indicó el joven.
Hace 50 días, Maciel y sus compañeros vienen denunciando supuestas irregularidades en el uso de fondos públicos, como el Fonacide, en la Municipalidad de Mayor Otaño, a cargo del intendente Pedro Chávez (ANR).
Ante las denuncias, Pedro “Rubio” Chávez, los concejales Jorgelina Vera y Darío Saenger –todos colorados, cartistas– y el presidente de la seccional colorada, Leonardo Sánchez, querellaron a una veintena de personas, incluido Nelson, de 17 años.
Maciel también fue víctima de una brutal agresión policial durante una movilización frente a la Municipalidad. Además, la madre del joven, Andrea Maciel, fue despedida de su puesto en el centro de salud. El ministro de Salud, Julio Mazzoleni, anunció que la iban a contratar, pero hasta ahora ella no firmó ningún documento, dijeron ayer.
Las organizaciones sociales responsabilizan al Estado de lo que pueda pasar con Maciel, su familia y sus compañeros y exigieron que se garantice el derecho que tienen los niños, niñas y adolescentes de reclamar, denunciar y exigir transparencia.
La semana pasada, la Contraloría General remitió a la Fiscalía un informe que confirma el mal uso de por lo menos G. 1.000 millones durante la administración de Pedro Chávez en el periodo 2017.
Reclaman imputación
Las organizaciones sociales reclaman la imputación del intendente de Mayor Otaño, Pedro Chávez. El jueves 14, la Contraloría General remitió a la Fiscalía un informe que prueba un daño patrimonial de más de G. 1.000 millones provenientes de Royalties y de Fonacide solamente en el año 2017. Chávez, empero, no fue aún procesado por el Ministerio Público.// ABC DIGITAL
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