Es para la rendición de cuentas del uso de los USD 1.600 millones de la Ley de Emergencia por el coronavirus, y el invitado principal es el propio presidente de la República, Mario Abdo Benítez.
Esta situación se da en medio de denuncias de corrupción que salpican a instituciones encargadas de la adquisición de insumos, que hasta resultaron fallidas.
Llano sostuvo que se debe dar cumplimiento a lo que establece justamente el artículo 45 de la legislación, sancionada por el Congreso.
La misma fue promulgada por el Ejecutivo hace dos meses con medidas administrativas, fiscales y financieras para enfrentar la crisis por la pandemia del Covid-19.
En la sesión del Senado, ayer, se hizo referencia al tema y hubo sugerencias para que sea el propio mandatario el que dé la cara.
También se hizo un pedido para que se incluya entre los invitados a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, pero no se confirmó.
En la nota, que ya fue remitida al presidente de la República, ayer mismo, Llano le sugiere su participación en la convocatoria a la Cámara Alta con los secretarios de Estado que considere pertinentes.
El senador liberal indicó ante el plenario que venció el plazo para que el Ejecutivo rinda cuentas sobre la utilización de los recursos otorgados por la Ley de Emergencia Sanitaria.
Primero se mencionó que podía ser con la Bicameral de Control la posible reunión, y al final será una extraordinaria de la Cámara Alta.
“Teniendo en cuenta la importancia del tema y el artículo 45 de la ley, vamos a convocar a sesión extraordinaria para el próximo martes”, anunció Llano.
“Vamos a remitir una nota al presidente para que pueda designar a representantes del Ejecutivo que vendrán a brindar los informes correspondientes y rendición de cuentas al Congreso”, refirió.
Sin embargo, ante la recomendación de que acuda el propio presidente, remitió la invitación correspondiente.
Stephan Rasmussen, de Patria Querida, y relator de la Bicameral de Control, anunció que remitirán una nota a Marito señalando el vencimiento del plazo de los 60 días para remitir el informe correspondiente al Congreso, a la Comisión y a la Contraloría.
Trajo a colación que esta última tenía actividades específicas establecidas en la Ley de Emergencia en cuanto a la reglamentación y los mecanismos de transparencia y publicidad sobre el uso de los USD 1.600 millones.
También hizo referencia al Ministerio de Información que tiene a su cargo los datos abiertos de todo lo actuado.
CRÍTICAS A Quiñónez. Fue el senador del PDP Pedro Santa Cruz el que pidió que se convoque a la fiscala para la reunión del martes, y Llano le dijo que en todo caso se podría revisar otra fecha.
Carlos Filizzola, del Frente Guasu, lamentó que los diputados hayan rechazado iniciar el juicio político contra Quiñónez, y sostuvo que hay un manto de impunidad. Fuente: UH
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