La Corte Suprema de Justicia votó a favor de la publicidad de las declaraciones juradas de bienes de los funcionarios públicos. La mayoría de una Sala Constitucional ampliada rechazó la acción planteada por la Contraloría General de la República para que los datos patrimoniales sigan siendo secretos.
Con una Sala Constitucional ampliada, la Corte Suprema de Justicia resolvió este jueves que, de ahora en más, las declaraciones juradas de bienes de los funcionarios estatales deben ser públicas y de acceso libre para la ciudadanía.
Se trata de un fallo histórico de la máxima instancia judicial, celebrado por organizaciones de la sociedad civil que advierten que la divulgación de las declaraciones juradas de todo empleado público es un hito en la lucha por la transparencia y el acceso a la información pública.
Si bien la sesión aún continúa, ya son seis los votos por rechazar la acción de la Contraloría y ratificar así el fallo de segunda instancia. Con esto, la CGR deberá dar a conocer las declaraciones juradas de bienes y rentas de los funcionarios públicos, no así de sus familiares, informó el periodista Raúl Ramírez.
El caso judicial se inició con un amparo presentado por el periodista Juan Carlos Lezcano contra la Contraloría General de la República para acceder a las declaraciones juradas desde 1998 a 2017 de todos los funcionarios públicos votados en elecciones populares, así como otros funcionarios nombrados y que manejan dinero público de todas las instituciones del Estado.
El amparo fue concedido en primera instancia por el ahora ex magistrado Rubén Riquelme y esto fue confirmado después por el Tribunal de Apelación Penal, Primera Sala. A raíz de esto, la Contraloría decidió plantear la acción de inconstitucionalidad, para no dar a conocer las declaraciones.
En el fallo de segunda instancia, los miembros del Tribunal precisaron que se deben dar datos personales, de activos propios gananciales, inmuebles, vehículos, muebles, pasivos. Tras el segundo revés, el ahora ex contralor, Enrique García, planteó la acción de inconstitucionalidad.
Al inició de la sesión de este jueves se informó sobre el rechazo de un pedido de intervención de terceros planteado en este caso, por defectos de forma.
Votos a favor de divulgar datos para un mejor control ciudadano
Guido Cocco, camarista que integró la Sala Constitucional ante la inhibición de ministros de Corte, fue el preopinante y durante la sesión de este jueves que fue transmitida en vivo por el Poder Judicial emitió su voto a favor de hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad planteada por la CGR y mantener en secreto las declaraciones juradas.
El segundo en emitir su voto fue el actual presidente de la Corte Suprema, Alberto Martínez Simón, quien citó a autores que sostienen que el derecho a la información «es un derecho humano fundamental».
Asimismo, dijo que proveer los datos pedidos en el amparo no viola el derecho de la intimidad de los funcionarios y que la Contraloría incurre en un error conceptual al considerar que es custodio de un patrimonio documental privado. Martínez Simón votó por el rechazo de la acción y la difusión de las declaraciones juradas.
El tercero en votar fue el ministro Manuel Ramírez Candia, quien también se mostró a favor de publicar las declaraciones. Aseguró que esto permitirá evaluar la honestidad de los funcionarios. «Toda la conducta de los funcionarios debe estar expuesta al público porque esto interesa a la ciudadanía para el control de su actuación», expresó en su voto.
El cuarto voto fue del camarista Marcos Riera Hunter quien, luego de varias idas y vueltas por inconvenientes técnicos en la conexión, señaló que los fallos atacados por el ente contralor no son inconstitucionales, por lo cual se debe rechazar la acción de la CGR, a la que calificó de «improcedente».
Sobre el punto, dijo que la acordada 1015/15 de la Corte -que dice que la información pública debe ser pedida por el amparo y fue impugnada por el accionante- es inconstitucional, pero en este caso no se puede admitir la acción porque la CGR no tiene legitimación activa para pedirla.
Finalmente, votó por admitir parcialmente la inconstitucionalidad de la CGR. Dijo estar a favor de anular los fallos de primera y segunda instancia en la parte que ordenan dar datos de los cónyuges e hijos menores y rechazar la acción de la Contraloría sobre los demás puntos.
Posteriormente, el ministro Eugenio Jiménez Rolón aseveró que la acción de inconstitucionalidad de la CGR es inadmisible para su estudio porque la institución debía haber promovido una excepción de inconstitucionalidad, que era la vía correcta.
Asimismo, los camaristas Óscar Paiva Valdovinos y Valentina Núñez también votaron por el rechazo de la acción de inconstitucionalidad planteada.
La ministra Carolina Llanes también dijo que la acción de la Contraloría debe ser rechazada y recalcó la importancia de la publicidad de los datos patrimoniales para un mayor control a los gobernantes y un mejor combate a la corrupción.
Con seis votos en el mismo sentido, la CGR deberá dar a conocer las declaraciones juradas de todos los funcionarios públicos desde 1998 al 2017, no así de los familiares, conforme el último fallo del Tribunal de Apelación Penal, Primera Sala, que ahora fue ratificado, informó Raúl Ramírez.//ÚLTIMA HORA
