La Abog. Marcela Benitez, explicó las razones por las que denuncian la inconstitucionalidad de la Resolución N° 34/2021 de la Comisión Nacional de Juegos de Azar, que sin licitación ni pliego de bases y condiciones, resolvió autorizar “una nueva modalidad de explotación con la intervención en la operación del Juefo de Azar Máquinas electrónicas Tragamonedas en locales cuya actividad comercial principal puede ser diferente y se aprueba el proyecto de regularización presentado por la firma iCROP S.A”.
https://youtu.be/I_HcW2GEA1g
Según denuncian en movilizaciones a nivel nacional, esta resolución sería contraria a varias normas que regulan la explotación de juegos de azar.
Por medio de esta, hay un peligro que máquinas tragamonedas pululen en las ciudades, siendo colocadas en despensas u en otros comercios. En tanto que las leyes establecen que las máquinas deben ser ubicadas en espacios cerrados, lejos de escuelas y con reglas que prohíben el uso de las mismas por niños menores de edad.
Para los afectados, esta empresa usurpa funciones de la municipalidad que cobran un canon de Gs. 180.000 por la explotación de la máquina, ellos cobran 450.000 por máquina con recibo común, avalados por esta Resolución, autorizada según afirman por debajo de la mesa por el ente regulador.
Actualmente, piden al Gobierno Nacional mediar para que la comisión anule dicha resolución y los libere de esta empresa.
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