El Ministerio Público imputó a 27 personas en el marco de la investigación por presuntas irregularidades financieras en Ueno Bank y solicitó una serie de medidas cautelares, entre ellas prisión preventiva para Federico Miguel Vázquez Villasanti, uno de los principales accionistas y exvicepresidente de la entidad.

La imputación fue presentada este 4 de noviembre por los fiscales Jorge Arce, Silvio Corbetta, Yeimy Adle y Francisco Cabrera. Los investigados están señalados por los presuntos hechos punibles de conducta indebida en situaciones de crisis, lesión de confianza, tentativa de estafa y violación de llevar libros de comercio.
Según el relato fiscal, entre 2025 y 2026, integrantes del directorio y el síndico del banco habrían autorizado operaciones crediticias que comprometieron los activos de la entidad, principalmente conformados por recursos de terceros.
CRÉDITOS A EMPRESAS VINCULADAS
La investigación identifica préstamos y sobregiros concedidos a empresas como MOWI S.A., Grupo Hendy S.A., Grupo M S.A., TUIU S.A., FRANEDE S.A. y AIME S.A. Corredores de Seguros. La Fiscalía sostiene que varias de estas operaciones fueron realizadas sin garantías reales suficientes, con plazos extensos y por montos que superarían ampliamente la capacidad financiera de las prestatarias.
Uno de los principales cuestionamientos apunta al destino de los fondos. De acuerdo con la imputación, los recursos habrían sido transferidos poco después de los desembolsos a otras empresas del mismo grupo económico, como ITTI, REDISA y REDIPRO, para cubrir sobregiros, facturas y cheques.
Los fiscales también describen un esquema de repago circular, en el que las empresas deudoras habrían cancelado sus obligaciones con dinero proveniente de otras firmas vinculadas, sin demostrar una capacidad propia e independiente para afrontar los compromisos.
Otro punto central es la venta de cartera crediticia a VINANZAS S.A., por USD 74,4 millones. La Fiscalía sostiene que la operación habría sido financiada indirectamente con recursos originados en el propio Ueno Bank, mediante préstamos concedidos a terceras empresas y posteriores operaciones con bonos.
MILLONARIOS SALDOS Y PEDIDO DE MEDIDAS
El acta señala que los vencimientos pendientes de las operaciones analizadas alcanzan USD 166.984.879,33 y G. 343.157.246.557.
Además, cita un informe de la Superintendencia de Bancos que determinó un déficit de previsiones de G. 1,62 billones, tras identificar debilidades significativas en la gestión del riesgo crediticio de la entidad.
En cuanto a las medidas cautelares, la Fiscalía solicitó prisión preventiva para Federico Miguel Vázquez Villasanti. Para otros siete integrantes del directorio y la sindicatura pidió arresto domiciliario con tobillera electrónica, prohibición de salida del país y caución.
Para los demás imputados solicitó prohibición de salir del país y caución. También requirió la inhibición general de vender y gravar bienes y la inmovilización preventiva de cuentas bancarias de las personas y empresas involucradas.
Finalmente, el Ministerio Público pidió un plazo de seis meses para desarrollar la etapa preparatoria y presentar el requerimiento conclusivo correspondiente.
Las medidas solicitadas deberán ser analizadas por el juzgado competente. La imputación constituye una atribución fiscal de hechos que todavía deben ser investigados y sometidos al proceso judicial.
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