SOLICITAN INTERVENCIÓN A LA AAI PARA LA REPOSICIÓN DEL ESTADO DE DERECHO EN ITAPÚA


El Abog.Miguel Leiva solicitó a la Asociación de Abogados de Itapúa (AAI), su intervención para lo que el considera la reposición del estado de derecho en la Circunscripción Judicial de Itapúa luego de la denuncia por supuesta violación del protocolo sanitario por la pandemia, de parte la Jueza Diana Arana y que hasta la fecha se desconoce cualquier diligencia desde el Ministerio Público.

La denuncia fue presentada a finales del mes pasado y está fundamentada en un manifiesto presentado anteriormente a las autoridades del Poder Judicial de parte los jueces Enrique González Martín, Eva Silva y Karina Ruiz Diaz, ya que su colega Diana Arana no habría cumplido con el protocolo sanitario establecido por la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio de Salud Pública.

Para Leiva es inadmisible que hasta la fecha no se haya llevado a cabo ninguna diligencia lo que hace entender que la magistrada tendría protectores dentro del esquema político de nuestro país. Ante esta situación, solicitó a la Asociación de Abogados de Itapúa, intervenga en la causa ya que se estaría violando el estado de derecho.

«Es una cuestión en la que está en juego el respeto al estado de derecho, ningún juez puede considerarse por encima de la ley, sino todos los principios democráticos caen por tierra», señaló.

Remarcó que la actitud de la Jueza Diana Arana violenta el principio de igualdad, ya que existen miles de imputados en todo el país por la violación del mismo protocolo, y a 25 días de la presentación de la denuncia no hay diligencias al respecto.

El letrado lamentó que en este tiempo se le haya imputado a trabajadores callejeros mientras salían a buscar pan, a autoridades, y, «¿quién es el juez con tanta fuerza que no se le puede tocar si no tiene un padrino?», cuestionó.

Según los antecedentes escritos en la denuncia, la Jueza supuestamente se negó a la utilización de la tecnología telemática obligando a los comparecientes y profesionales del derecho a una aglomeración dentro de salas de audiencia, incluyendo muchas veces a personas dentro del grupo de riesgo del Covid-19 quienes están sujetos a las audiencias telemáticas por disposición de la Corte Suprema de Justicia, también detalla que la magistrada habría maltratado verbalmente a un personal de seguridad porque él mismo le reclamó el cumplimiento de los protocolos sanitarios.

Por último, reza que la magistrada se habría negado a tomarse la temperatura y realizar la desinfección obligatoria para el ingreso a la sede judicial, cuyo informe figura en el libro de novedades de la oficina de guardia de la policía.




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