El Senado rechazó el veto del Poder Ejecutivo a la modificación de la ley 609 sobre la Corte Suprema de Justicia que pretende proteger a los jueces que tomen causas controvertidas. La normativa establece que sean apartados de sus cargos a través de un juicio político, excluyendo al JEM de esa potestad.
Con 25 votos a favor, una abstención y 11 en contra, el Senado rechazó el veto del Poder Ejecutivo a la modificación de la ley 609 sobre la Corte Suprema de Justicia durante la sesión extraordinaria de este miércoles.
Esta normativa establece que los jueces de instancias inferiores que integren la Corte Suprema de Justicia por inhibición, recusación o ausencia de los ministros que conforman la más alta instancia judicial, sólo podrán ser apartados de sus cargos mediante el juicio político.
Actualmente, los magistrados pueden ser juzgados por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y con la modificación que busca que haya una igualdad de condiciones con respecto a los miembros de la Corte.
El senador liberal Víctor Ríos, de la Comisión de Legislación, alegó que permanentemente se dan casos en que magistrados integran la máxima instancia judicial por inhibición de los ministros. “Esto se ha normalizado”, agregó.
Indicó que en los últimos tiempos, los miembros de la Corte asumieron posturas fáciles de inhibirse en casos conflictivos, como el de Curuguaty, dejando a manos de los integrantes del Tribunal de Apelación.
Criticó el argumento del Poder Ejecutivo en el rechazo al proyecto de modificación, ya que “habla de subvertir el orden republicano” y que el Congreso no está habilitado para tratar estos temas porque así lo establece la Constitución Nacional.
Por su parte, Desirée Masi advirtió que pedirán también que se derogue la normativa que estableció que los miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y del Consejo de la Magistratura sean removidos por juicio político ya que el artículo 225 de la Carta Magna no los incluyó. “Eso también es inconstitucional si es que nos regimos por el orden democrático”, expresó.
Mientras que Enrique Bacchetta, de Colorado Añetete, alegó que vota a favor del rechazo porque la postura del Ejecutivo está amparada por la Constitución Nacional. Él había votado a favor de la modificación pero ahora “no cambio de criterio”, solo de voto. Culpó a la propia Constitución porque “no previó” este tipo de situaciones, en la que un ministro de la Corte se inhibe.
Desde el Frente Guasu, Esperanza Martínez, indicó que con esta cuestión se habla de la “instrumentalización de la política” ejerciendo presión a los miembros del Poder Judicial, la Fiscalía y la Policía Nacional que “están manejados por poderes políticos económicos y oscuros negocios ilegales de alto peso como es el narcotráfico”.
El Ejecutivo vetó la iniciativa en julio de este 2019. Ahora pasó a la Cámara de Diputados para su estudio.//ÚLTIMA HORA
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