Con la reciente modificación del Art. 245 del CP donde se establece que los jueces decidan sobre los casos en que las personas procesadas sobre un hecho puedan o no litigar su causa, estando o no privadas de su libertad, se genera una gran controversia ya que los magistrados estarían beneficiando con la medida a personas acusadas de graves crímenes.
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En conversación con la Ministra de la Niñez y Adolescencia, Teresa Martínez, mencionó que se retrocede al estado en que se encontraba nuestra legislación en el año 2.000 cuando se tenía la cárcel como última opción y los procesados podían litigar estando en libertad, lo que rápidamente generó un caos y obligó a los legisladores a cambiar la ley y restringir que en ningún caso, los supuestos autores de crímenes podrían ser beneficiados con medidas menos gravosas.
Martínez explicó que que tal restricción atenta contra los principios republicanos de la Constitución Nacional, otorgando a los jueces la potestad de decidir sobre la prisión preventiva de los procesados.
Señaló que primeramente debieron de tenerse en cuenta la aplicación de mecanismos de control que debió prever aspectos como el beneficio a supuestos violadores de menores antes de modificar bruscamente la legislación y no basarse únicamente en el colapso que afectan nuestras cárceles.
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