La creciente ola de inseguridad que azota al departamento de Itapúa ha vuelto a poner en evidencia una preocupante realidad: la mayoría de los delitos graves que se cometen en la zona quedan impunes, sin que los responsables enfrenten consecuencias judiciales. Dos violentos asaltos registrados recientemente en Encarnación y Cambyretá han reavivado el debate sobre la eficacia del sistema de justicia y la capacidad de respuesta de las fuerzas de seguridad.
El primer hecho ocurrió en la noche del jueves, alrededor de las 21:00 horas, en el barrio Fátima de Encarnación. Ricardo Ramón Benítez fue víctima de un violento asalto cuando se dirigía al domicilio de su pareja. Su vehículo fue interceptado por dos rodados de color negro, de los cuales descendieron entre tres a cinco individuos vestidos con ropas oscuras. Uno de ellos, armado, lo golpeó en la cabeza con la culata del arma, mientras los demás destrozaban la ventanilla del automóvil para despojarlo de su Toyota Premio, un teléfono celular y una suma de dinero aún no determinada.
Los delincuentes escaparon con rumbo desconocido, y aunque la policía acudió rápidamente tras el llamado de emergencia, hasta el momento no se han producido detenciones. Las autoridades han solicitado la búsqueda de los vehículos a través de la red Penca, sin resultados visibles hasta la fecha.
Pocas horas antes, en el distrito de Cambyretá, un hecho similar tuvo lugar en el barrio Barrero Guazú. Alfredo Ernesto Loblein Giménez fue sorprendido por dos sujetos encapuchados mientras se encontraba a corta distancia de su vivienda. Bajo amenaza de arma de fuego, lo forzaron a ingresar a su casa, donde fue despojado de su motocicleta y dinero en efectivo. Los agresores también lograron darse a la fuga y, pese a la intervención de la Comisaría 115° y del Departamento de Investigaciones, no han sido identificados ni detenidos.
Estos casos no son hechos aislados, sino que reflejan una tendencia creciente en el departamento: la falta de resultados concretos en las investigaciones de delitos violentos. Ciudadanos y organizaciones civiles han comenzado a manifestar su preocupación por la sensación de desprotección que se vive en barrios cada vez más afectados por la criminalidad.
A pesar de los esfuerzos de la Policía Nacional y el Ministerio Público, la falta de recursos, tecnología y una mayor articulación entre instituciones sigue siendo un obstáculo clave para la resolución de los casos. Mientras tanto, los ciudadanos viven con miedo, sabiendo que los autores de estos hechos siguen libres y sin enfrentar la justicia.
La ciudadanía exige respuestas urgentes, y el tiempo se agota para las autoridades que aún no logran romper el ciclo de violencia e impunidad que marca el día a día de muchos habitantes del sur del país.
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