PREOCUPA A PRODUCTORES PROPUESTA DE UE PARA AUMENTAR COOPERACIÓN


Desde la Unión de Gremios de la Producción (UGP) cuestionaron el nulo avance de las negociaciones sobre la implementación en el país de la reglamentación 1115/2023 de la Unión Europa para las importaciones, que genera rechazo. Se mostraron además preocupados por la intención de la UE para triplicar la cooperación con países del Mercosur, con miras a acelerar la firma del tratado de libre comercio. Según la prensa internacional, quien realizó el anuncio de la propuesta de la UE para aumentar los fondos de cooperación fue Francisco García, de la Comisión Europea.

“UE está dispuesta a facilitar fondos de cooperación para ayudar a una implementación exitosa del acuerdo del Mercosur”, aunque no se brindaron mayores detalles sobre los montos. La noticia generó la reacción de los gremios locales de producción. “Es llamativo, la negociación no avanza y ahora quieren aumentar la oferta de ayuda. La duda que tenemos es si tienen un negociado, un acuerdo o un socio comercial”, expresó a la 1000 AM el ingeniero Héctor Cristaldo, presidente de la UGP. Así, se mostraron firmes en la intención de defender la producción paraguaya ante las exigencias de la reglamentación 1115/2023 de la UE para las importaciones.

“Estamos cuidando entre todos para que lo que se decida no perjudique al Paraguay. Nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar la producción y a nuestra gente. Paraguay vende comida, y es lo que el mundo necesita, hay muchos mercados”, resaltó Cristaldo.

En varias oportunidades, ya desde el sector agro se hizo hincapié en que la normativa podría impactar negativamente en la competitividad y crecimiento de la producción local, afectando a la economía general. En junio de 2023 se firmó la reglamentación 1115 para evitar las importaciones en la UE de ciertas materias primas y productos derivados como el aceite de palma, el vacuno, la soja, el café, el caucho, la madera o el chocolate que causan deforestación en países productores, los operadores tendrán un periodo de 18 meses (hasta diciembre próximo) de margen, para enmarcarse en la normativa que entra en vigencia el 1 de enero de 2025.




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