Un convenio entre el Ministerio de Justicia y el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (Minna) apunta a atender una realidad que muchas veces queda detrás de los muros de las cárceles: niños y adolescentes que, pese a no haber cometido ningún delito, terminan vinculados al sistema penitenciario.
Una de las primeras acciones será el fortalecimiento del espacio de cuidado infantil del Centro Penitenciario de Mujeres “Serafina Dávalos”, en Coronel Oviedo, donde permanecen niños y niñas junto a sus madres privadas de libertad.
El acuerdo contempla garantizar alimentación adecuada, acompañamiento nutricional y condiciones que favorezcan el desarrollo durante los primeros años de vida. Es decir, que la situación judicial de una madre no termine determinando las oportunidades de sus hijos.
La cooperación también busca facilitar el acceso a la identidad de los menores y mejorar los programas de reinserción social para adolescentes en conflicto con la ley penal.
Otro punto destacado es la separación efectiva entre adolescentes procesados y aquellos que ya fueron condenados dentro de los centros educativos. La medida pretende evitar que ambos grupos reciban el mismo tratamiento y favorecer procesos de educación y rehabilitación más adecuados.
El desafío va más allá de una firma institucional: se trata de que los niños vinculados a cárceles reciban protección, alimentación, identidad y oportunidades, mientras los adolescentes puedan acceder a herramientas que reduzcan las posibilidades de reincidir.
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