El Tribunal de Sentencia de Encarnación dictó una condena de 30 años de pena privativa de libertad para Rubén Maciel y 20 años de cárcel para Gustavo Marcelo Duarte, hallados culpables del brutal asesinato de Gabriel Eduardo Zarza Báez, ocurrido el 10 de julio de 2022 en el barrio Santa María, sector Seminario, de la capital del departamento de Itapúa.
La sentencia fue obtenida tras varios años de proceso judicial y el desarrollo del juicio oral y público, donde las agentes fiscales Griselda González y Lorena Castelví lograron demostrar la responsabilidad penal de ambos acusados en el hecho punible de homicidio doloso agravado por saña.
El tribunal estuvo integrado por las juezas Marcela Escobar Lapierre, Liz Sanabria de Gneiting y Eva Silva Amarilla, quienes valoraron el conjunto de pruebas testimoniales, periciales y documentales presentadas por el Ministerio Público durante el debate.
De acuerdo con los antecedentes, la víctima, de 28 años, fue hallada sin vida en el interior del inquilinato donde residía, presentando múltiples heridas de arma blanca en distintas partes del cuerpo, además de un elevado nivel de violencia, incluyendo la amputación de varios dedos de ambas manos.
Las investigaciones iniciales apuntaron a Rubén Maciel, quien mantenía una relación cercana con la víctima y había compartido con él momentos previos al crimen. Una fotografía publicada en redes sociales, donde ambos aparecían juntos, se convirtió en un elemento clave para la identificación del principal sospechoso.
Horas después del hallazgo del cuerpo, Maciel fue detenido en la zona de Arroyo Porã, distrito de Cambyretá, luego de intentar huir de agentes del Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional.
Durante el proceso investigativo, también surgieron indicios sobre la posible participación de un segundo implicado, lo que derivó posteriormente en la detención de Gustavo Marcelo Duarte, quien fue vinculado a la misma causa.
El caso generó gran conmoción en Encarnación debido a la extrema violencia del hecho, ya que el cuerpo de la víctima fue encontrado por vecinos en condiciones que evidenciaban un ataque brutal y múltiples intentos de defensa.
Durante el juicio oral y público, las fiscales Griselda González y Lorena Castelví sostuvieron que las evidencias recolectadas permitieron acreditar plenamente la existencia del crimen y la participación de ambos acusados, logrando una de las condenas más severas dictadas en Itapúa por homicidio agravado en los últimos años.
Según la reconstrucción presentada por el Ministerio Público, el crimen habría ocurrido tras una discusión previa entre la víctima y el principal acusado, en el marco de una reunión donde habrían consumido bebidas alcohólicas y compartido alimentos en horas de la noche anterior al hecho.
Las representantes fiscales señalaron además que, conforme a los elementos incorporados al expediente, el ataque se habría producido durante la madrugada, mientras la víctima se encontraba en su lugar de residencia.
Uno de los elementos relevantes del caso fue la detección de un intento de ocultamiento de pruebas, ya que parte del teléfono celular de la víctima fue hallado quemado y enterrado en un patio vinculado al condenado como cómplice.
Asimismo, durante el juicio se expuso que no se logró acreditar otro tipo de vínculo entre los acusados más allá de la amistad y convivencia previa, descartándose otras hipótesis planteadas durante la investigación.
Las fiscales también remarcaron que la condena de 20 años impuesta a Gustavo Duarte responde a las atenuantes previstas en el Código Penal, entre ellas la ausencia de antecedentes penales, mientras que la pena máxima aplicada a Rubén Maciel se fundamenta en su rol de autor principal del hecho.
Finalmente, el Ministerio Público destacó que el fallo judicial representa un avance importante en la lucha contra los hechos de violencia extrema en el departamento de Itapúa, reafirmando la importancia del trabajo investigativo sostenido para alcanzar justicia en casos de alta complejidad.
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