Lo que comenzó como una compra rutinaria de productos electrónicos terminó convirtiéndose, según denuncia un comerciante de Encarnación, en una pesadilla administrativa que ya lleva casi un año y que le significó una pérdida superior a los G. 56 millones.
Sergio Pérez relató que en septiembre de 2025 la DNIT incautó un cargamento compuesto por 168 artículos electrónicos. Según su versión, la intervención se produjo porque tres productos no contaban con la documentación requerida en el momento del control, aunque posteriormente aseguró haber presentado las facturas correspondientes.
El comerciante sostiene que los demás artículos contaban con toda la documentación respaldatoria y que inició una serie de trámites legales para recuperar la mercadería. Sin embargo, tras meses de gestiones, viajes a Ciudad del Este y Asunción, contratación de abogados y gastos administrativos, recibió una resolución que calificó el caso como presunto contrabando.
La decisión implica el decomiso definitivo de los productos, que pasarán a disposición del Estado para su posterior comercialización.
Entre los bienes afectados figuran televisores, consolas de videojuegos, teléfonos celulares de alta gama, relojes inteligentes, equipos de sonido y otros dispositivos electrónicos de importante valor comercial.
Pérez cuestionó duramente el procedimiento y afirmó que la situación genera incertidumbre entre los comerciantes que operan de manera formal. También criticó la falta de respuestas durante el proceso y aseguró que la resolución representa un golpe económico difícil de absorber.
Mientras tanto, el caso reabre el debate sobre los controles aduaneros, los mecanismos de defensa para los contribuyentes y los límites entre la lucha contra el contrabando y la protección de quienes afirman haber actuado dentro de la legalidad.
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