La quinta del intendente de Encarnación, Luis Yd, fue afectada por un incendio durante la noche del domingo, por causas que hasta el momento se desconocen. Gran parte de la infraestructura resultó afectada por las llamas, que finalmente no se propagaron a otras dependencias gracias a la rápida intervención de los bomberos.
Sin embargo, el procedimiento posterior al siniestro generó llamativos cuestionamientos. A la llegada de agentes de la Comisaría 36ª del barrio Santo Domingo, quienes acudieron al lugar para elaborar el acta correspondiente y verificar las circunstancias del incendio ante la posibilidad de un hecho punible, los efectivos no habrían podido ingresar al recinto.
Según el relato de los intervinientes, fueron interceptados en el portón de acceso por un hombre que se identificó como Jorge Mendoza, quien manifestó ser secretario privado del intendente Luis Yd. El mismo habría señalado que los agentes tenían prohibido ingresar a la propiedad por disposición del jefe comunal.
Posteriormente, siempre de acuerdo con los datos proporcionados, se colocó una gruesa cadena con candado en el portón de acceso.
El hecho habría llamado la atención de los policías, considerando que, ante un incendio de estas características, corresponde realizar las verificaciones necesarias para determinar las circunstancias del hecho y descartar cualquier eventual responsabilidad.
El subcomisario Ramón Bareiro, de la Comisaría 36ª, señaló que intentó comunicarse con el intendente Luis Yd, pero no obtuvo respuesta a sus llamadas ni a los mensajes enviados.
Otro aspecto que generó cuestionamientos fue el supuesto impedimento para que los bomberos registraran mediante fotografías y videos el procedimiento. Habitualmente, este tipo de documentación forma parte del registro de las intervenciones y permite dejar constancia del trabajo realizado, el equipamiento utilizado y el personal asignado.
El hermetismo registrado durante y después del siniestro genera interrogantes y podría ser objeto de aclaración por parte de las autoridades, especialmente para determinar por qué se habría restringido el acceso de los intervinientes a la propiedad y la documentación del procedimiento.
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