La Fiscalía solicitó una condena de seis años de prisión para el exintendente del distrito de Jesús, Víctor Garay, en el marco del juicio oral y público que continúa en el ámbito judicial. El Ministerio Público sostiene que durante su administración se produjo un perjuicio patrimonial de aproximadamente G. 2.400 millones.
El fiscal explicó que, tras cerca de cuatro meses de debate, la acusación presentó testimonios y documentos que, según su postura, respaldan las irregularidades detectadas en la administración municipal.
Entre los elementos mencionados figuran 25 observaciones realizadas por la Contraloría General de la República, relacionadas con el uso de recursos especiales. La Fiscalía señaló presuntas anomalías en la expedición y el cobro de cheques, así como pagos por obras que no se habrían ejecutado, incluso más de un año después de haber sido abonadas en su totalidad.
También mencionó casos en los que supuestamente se utilizaron facturas y contratos de personas que negaron haber prestado servicios a la Municipalidad de Jesús.
Como ejemplo, citó el testimonio de la arquitecta María Laura Pavón, quien habría manifestado que no suscribió contratos ni realizó trabajos para la institución. Asimismo, indicó que solicitó al Ministerio Público investigar al arquitecto Roque Ortiz por un presunto testimonio falso, debido a contradicciones señaladas durante su declaración.
El representante fiscal aclaró que no lograron identificar un incremento patrimonial del acusado, pero sostuvo que la investigación permitió demostrar un perjuicio económico que Garay habría permitido de manera sistemática. También adelantó que otras personas que habrían participado en los hechos podrían ser investigadas.
Consultado sobre la postura del exintendente durante el proceso, el fiscal manifestó que Garay se abstuvo de declarar cuando tuvo la oportunidad de prestar declaración indagatoria. Además, afirmó que durante la investigación se habrían registrado dificultades para acceder a documentación municipal.
La solicitud de seis años de prisión corresponde al pedido de la Fiscalía. La decisión final queda en manos del tribunal que tiene a su cargo el juicio.
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