El Ministerio Público avanza en la investigación del derrumbe fatal ocurrido en la ciudad de Encarnación y confirmó que el informe pericial elaborado en el marco de la causa refuerza las principales hipótesis que manejaban los fiscales sobre las presuntas irregularidades en el proceso de construcción.
El fiscal Enrique Fornerón explicó que el dictamen técnico permitió corroborar varios aspectos relacionados con la obra y las responsabilidades que podrían tener los distintos imputados, entre ellos profesionales vinculados a la construcción y autoridades encargadas del control, como el Intendente Luis Yd y el Ing. René Miglio.
“Desde que recibimos este informe pericial hemos corroborado gran parte de la hipótesis, principalmente lo que tiene que ver con la construcción y con las personas que protagonizaron o activaron dentro de la obra”, manifestó.
El agente fiscal señaló que uno de los puntos centrales tiene relación con la falta de control sobre las documentaciones presentadas para las ampliaciones realizadas en la estructura, así como la verificación en el lugar de que las obras ejecutadas coincidieran con las autorizaciones otorgadas.
Según indicó, dentro de la investigación se analiza especialmente la construcción de un último piso que, conforme a la hipótesis fiscal, habría sido realizado sin la autorización correspondiente y que posteriormente derivó en la aplicación de una multa.
Fornerón destacó que el informe pericial contiene conclusiones técnicas consideradas relevantes, entre ellas observaciones relacionadas con deficiencias en la documentación y con el hormigón utilizado en los pilares cargados en la propia obra.
Explicó que, debido al carácter técnico del documento, los peritos deberán eventualmente comparecer en un juicio oral para explicar los detalles del estudio realizado.
“Al ser un dictamen pericial, hay un perito que en un eventual juicio oral y público va a tener que ser convocado para explicar con detalles su informe”, señaló.
El fiscal también se refirió a la situación del guardia de seguridad que fue incluido inicialmente dentro de la investigación, aclarando que aún no está definida su situación procesal.
Indicó que el equipo fiscal analiza la posibilidad de una eventual desvinculación si se determina que no existió negligencia, imprudencia o impericia en su actuación al permitir el ingreso de personas al lugar.
“Durante esta etapa preparatoria vamos a ir definiendo las responsabilidades y no descartamos la posibilidad de desvincular a alguna de las personas si entendemos que no cometió alguna conducta irregular”, explicó.
No obstante, sostuvo que respecto a otros imputados existen elementos que apuntan a conductas específicas que podrían generar responsabilidades dentro del proceso.
Fornerón aclaró que el informe pericial no constituye la única evidencia con la que cuenta la Fiscalía, ya que existen otros elementos incorporados a la investigación.
Entre ellos mencionó declaraciones de trabajadores que participaron en la construcción y que habrían advertido situaciones llamativas relacionadas con las constantes ampliaciones realizadas respecto al proyecto inicial.
Además, destacó un informe técnico elaborado previamente por una empresa especializada, denominada 360, que intervino antes del derrumbe y habría detectado problemas estructurales en la obra.
Según explicó, dicho diagnóstico ya advertía sobre riesgos importantes y fue comunicado tanto al arquitecto como a la propietaria del inmueble.
“Ellos advirtieron y, según sus versiones, hicieron saber tanto al arquitecto como a la propietaria sobre la situación”, afirmó.
El fiscal indicó que actualmente se analiza si esas advertencias fueron desatendidas y si existió una continuidad de los trabajos pese al conocimiento previo de posibles riesgos estructurales.
Finalmente, mencionó que la Fiscalía también está recabando información sobre la habilitación profesional de los responsables de la obra y solicitó datos a instituciones como el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones para determinar posibles omisiones en los controles correspondientes.
La investigación continúa con el objetivo de establecer las responsabilidades penales detrás del derrumbe que conmocionó a la ciudadanía encarnacena.


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