Una grave denuncia penal fue presentada días atrás ante el Ministerio Público contra el agente fiscal Meiji Udagawa Insaurralde, titular de la Unidad Fiscal N.º 4 de la Cuarta Región, por la presunta comisión del hecho punible de coacción grave, tipificado en el artículo 121 del Código Penal. La denuncia fue promovida por los comerciantes Neri Ramón Jara Vera y Perla Gladys Cantero Leiva, propietarios del local comercial “Casa El Rey”, ubicado en el circuito comercial de Encarnación.
Los denunciantes comparecieron con el patrocinio de los abogados Isidro Magno Salinas Benítez y Víctor Gustavo Paris Santos Bitar, quienes acompañaron el escrito ante la Fiscalía de Turno en horas del mediodía. La acusación apunta a un procedimiento encabezado por el fiscal Udagawa el pasado jueves 16 de octubre, en el cual se habría utilizado una orden judicial presuntamente vencida para realizar un allanamiento e incautación de mercaderías.
De acuerdo con el relato, el fiscal se presentó en el comercio acompañado de dos funcionarios —Valentín Jara y Yesica Firtz—, varios agentes policiales armados y una mujer identificada como Patricia Martínez, quien habría tomado fotografías del operativo sin integrar oficialmente la comitiva fiscal-policial. El grupo procedió a ingresar al local y a embalar mercaderías, específicamente indumentarias deportivas, mientras el personal policial rodeaba el establecimiento.
Los propietarios solicitaron que se retiraran del lugar. Sin embargo, el fiscal se negó a detener la actuación. Poco después, llegó al sitio Galicia Jara, hija de los comerciantes, quien exigió ver la orden judicial y cuestionó su validez. Según los afectados, el mandamiento de allanamiento había sido emitido el 24 de septiembre de 2025 por la jueza penal María Deyanira Villalba, y se encontraba fuera del plazo de vigencia que establece la ley.
Frente a este reclamo, el fiscal habría sostenido que la orden seguía siendo válida, generando una reacción de indignación entre otros comerciantes de la zona que presenciaron el operativo. Según la denuncia, el procedimiento concluyó a las 16:35 horas, dejando las mercaderías retenidas y con el uso de gas pimienta dentro del establecimiento, lo que afectó tanto a los propietarios como a personas cercanas.
Los abogados patrocinantes sostienen que el operativo habría vulnerado el artículo 189 del Código Procesal Penal, que limita a dos semanas la vigencia de las órdenes de allanamiento, contadas desde su emisión. Al haberse ejecutado supuestamente fuera de ese plazo, alegan que la actuación fue ilegal y constituye un caso de abuso de autoridad y coacción grave.
En este sentido, indicaron que el fiscal Udagawa, al utilizar la fuerza pública y un mandamiento judicial vencido, habría obligado a los comerciantes a tolerar un procedimiento sin sustento legal, lesionando derechos fundamentales y garantías constitucionales.
El caso ha generado preocupación entre comerciantes del circuito de Encarnación, quienes manifestaron su temor ante lo que consideran un patrón de intervenciones arbitrarias por parte de algunas autoridades fiscales y policiales. En declaraciones extraoficiales, algunos señalaron la posibilidad de que estas actuaciones formen parte de un esquema de supuestos “aprietes” contra comerciantes, mediante allanamientos irregulares o fiscalizaciones que buscarían generar temor o presión indebida.
Diversos actores del sector comercial pidieron una investigación exhaustiva e imparcial por parte del Ministerio Público y advirtieron que continuarán organizándose para rechazar cualquier forma de atropello institucional.
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