Autoridades del Ministerio de Trabajo informaron que continúan las verificaciones laborales en empresas vinculadas a contratos públicos, especialmente aquellas relacionadas con programas de alimentación escolar y servicios sociales, con el objetivo de garantizar que los trabajadores cuenten con cobertura del Instituto de Previsión Social (IPS).
Según explicaron, la modalidad más utilizada actualmente por las empresas es el empleo a tiempo parcial, contemplado en una ley vigente desde el año 2019. Esta disposición establece que todo trabajador que cumpla jornadas de entre 16 y 32 horas semanales debe estar incorporado al IPS, percibiendo pagos por hora trabajada.
Actualmente, el salario mínimo vigente es de G. 2.899.048, mientras que el jornal diario ronda los G. 111.500 y la hora laboral aproximadamente G. 13.958. No obstante, señalaron que estos montos serán reajustados desde julio, en el marco de las negociaciones entre el Gobierno, el sector empresarial y sindicatos para definir el nuevo porcentaje de aumento salarial.
Las autoridades recordaron que cualquier reajuste decretado deberá trasladarse directamente al salario de los trabajadores, conforme al porcentaje oficial que establezca el Poder Ejecutivo.
Además de las verificaciones laborales, también se realizan controles coordinados con otras instituciones del Estado, entre ellas el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Educación, para supervisar la calidad de los alimentos y las cantidades distribuidas en instituciones educativas.
Indicaron que, en casos donde se detectan irregularidades, los informes son remitidos a las instituciones correspondientes para la aplicación de sanciones y medidas correctivas.
Desde el Ministerio señalaron que, tras algunos inconvenientes registrados al inicio del programa, actualmente la calidad de los alimentos presenta mejoras importantes y los reclamos disminuyeron considerablemente.
Otro dato destacado por las autoridades es que el 94% de los trabajadores vinculados a estas tareas son mujeres, muchas de ellas madres, abuelas o familiares de estudiantes de las propias instituciones educativas, situación que también favorece un mayor control ciudadano sobre el servicio prestado.
Finalmente, remarcaron que las inspecciones continuarán en distintos departamentos del país para asegurar el cumplimiento de los derechos laborales y la cobertura social de todos los trabajadores involucrados.
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