El juez Miguel López se encuentra en el centro de una controversia judicial nuevamente, tras su decisión de evitar que Lucio Fernando Fernández enfrente un juicio oral y público por una presunta estafa de 23 millones de guaraníes. El acusado, quien fue presidente del consorcio del Edificio Italia 3 del distrito de Cambyretá, está imputado por el delito de apropiación indebida de fondos destinados al servicio de agua de los inquilinos del edificio.
El Agente Fiscal Abg. Francisco Martínez, encargado del caso, expresó su firme convicción sobre la culpabilidad de Fernández. «Estamos convencidos de que el imputado cometió el hecho punible de apropiación del dinero que los inquilinos del edificio pagaban por el servicio de agua. Contamos con las evidencias necesarias para probar los hechos en un juicio oral», declaró Martínez.
La decisión del juez López de argumentar una falta de acción por improcedente ha suscitado críticas y sospechas. El fiscal Martínez manifestó su desconcierto ante el proceder del juez. «Para nosotros, no tiene ningún fundamento jurídico lo que dijo el juez. Como en otros casos, ya hemos apelado las decisiones de este mismo juez. Creo que se está equivocando,» afirmó Martínez, dejando claro su desacuerdo con la resolución judicial.
La actuación del juez López ha sido cuestionada en varias ocasiones, y este nuevo incidente ha reavivado el debate sobre su imparcialidad y competencia en el manejo de casos delicados. La comunidad legal y los afectados por la presunta estafa están atentos a los próximos movimientos en el proceso judicial.
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