En julio de 2016, en la colonia Alborada del distrito de San Rafael del Paraná, departamento de Itapúa, un grupo armado irrumpió a tiros en dos viviendas contiguas de la familia Brizuela-Otazú. El ataque dejó parapléjico de por vida a Ángel Otazú, de 29 años, quien recibió tres impactos de bala a la altura del pecho mientras intentaba impedir el ingreso de los agresores a su casa en un principio y luego huir.
Según la denuncia de la familia en ese momento, se trató del tercero de una serie de asaltos atribuidos a efectivos policiales. El primero ocurrió el 19 de junio de 2016. Ese día, un grupo de hombres que viajaban en una patrullera Toyota Hilux gris, perteneciente a la División de Investigaciones de María Auxiliadora, ingresó a la vivienda de los padres de Sergio Daniel Brizuela. Uno de ellos, vestido de uniforme, se identificó como personal de Interpol. Los asaltantes revolvieron la casa, exigieron dinero y una pistola calibre 9 mm, y se llevaron 130.000 pesos argentinos, ahorros de años de trabajo de Brizuela en una fábrica de muebles en Argentina. Amenazaron de muerte a la familia si denunciaban el hecho. Por temor a represalias, Brizuela no realizó la denuncia en ese momento.
El segundo ataque se registró en la noche del 20 de julio. Cuatro personas llegaron en una camioneta, rompieron una ventana e intentaron ingresar por la fuerza. Sergio Brizuela, que se encontraba de visita desde Buenos Aires, disparó al aire con una escopeta casera para intimidar a los agresores y llamó a la comisaría de Alborada. Llegaron efectivos locales que identificaron en el lugar al entonces subjefe del Departamento de Investigaciones de Encarnación, Julio Cabañas, y al oficial inspector Alcides Añazco. Ambos alegaron que se trataba de un procedimiento oficial y se retiraron.
La noche del 23 de julio de 2016 se produjo el ataque más violento. Un grupo armado disparó indiscriminadamente contra la vivienda de Sergio Brizuela y su esposa Blanca Otazú. Mientras Brizuela se agachaba para abrir una tranquera, las balas pasaron sobre su cuerpo e impactaron un ropero donde se encontraban su esposa e hija. En la casa contigua, Ángel Otazú, cuñado de Brizuela, escuchó los disparos mientras miraba televisión. Al levantarse para abrir la puerta, recibió una patada y tres disparos a la altura del pecho. Quedó inmóvil desde el tórax hacia abajo, parapléjico y con el tiempo terminó perdiendo la vida a causa de este tremendo asalto.
La familia responsabilizó a los mismos efectivos de Investigaciones que habían aparecido en los episodios anteriores. Afirmaron que los atacantes buscaban dinero y pretendían silenciarlos después de que se hubiera filtrado información sobre el primer asalto. Tras el hecho, la familia abandonó la zona por temor a nuevas represalias.
Asuntos Internos de la Policía Nacional sumarió a seis agentes. De Investigaciones de Encarnación: él ese entonces subcomisario Julio Cabañas, el oficial inspector Alcides Añazco y el suboficial mayor Pablino Silva. De la comisaría de Alborada: el suboficial mayor Luciano Barrios y los suboficiales Lorenzo Rivas y Robert Ruiz Díaz. Estos últimos fueron investigados por no informar a tiempo a la jefatura sobre las denuncias de las víctimas.
Julio Cabañas reconoció ante medios locales que había estado en la zona días antes del ataque final, en el marco de un operativo por un supuesto informe de llegada de un vehículo con droga. Negó, sin embargo, haber participado del ataque del 23 de julio y afirmó que esa noche se encontraba en Encarnación.
La Fiscalía de María Auxiliadora, a cargo en su momento de la fiscala Noemí Insfrán y con intervención de los fiscales Lorena Castelvi y Héctor Garay, abrió investigación por los hechos. Se levantaron muestras de sangre en el lugar. Años después, en 2018, se informaba que Cabañas y otros agentes enfrentaban procesos por robo agravado vinculados a estos tres asaltos, aunque no existían imputaciones formales sólidas por falta de elementos más allá de las declaraciones de las víctimas. Un reconocimiento de personas fue propuesto, pero el abogado de la familia lo rechazó por temor a represalias.
El caso de Ángel Otazú forma parte de los antecedentes que se le atribuyen al comisario Julio Cabañas durante su paso por Investigaciones en Itapúa, junto a otras denuncias de despojo de dinero y procedimientos cuestionados.
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