Un joven de 23 años fue detenido este miércoles 14 de octubre en el distrito de Jesús de Tavarangué, Itapúa, en el marco del Operativo Yida, que investiga presuntos hechos de estafa mediante sistemas informáticos y otros delitos.
El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 09:20, sobre una calle sin nombre que conduce a Hohenau, en el barrio 8 de Diciembre.
Según el informe policial, agentes del Departamento contra los Hechos Punibles Económicos y Financieros realizaron tareas de investigación, inteligencia y vigilancia, hasta localizar e identificar al sospechoso, identificado como Mauricio Julián Valdés.
Tras verificar sus datos en el sistema policial, constataron que contaba con una orden de detención preventiva, dispuesta en una causa caratulada “Jonathan Marcelo Segovia Báez y otros s/ estafa mediante sistemas informáticos y otros”.
La medida fue ordenada para que el detenido comparezca a prestar declaración indagatoria ante la Fiscalía Especializada en Delitos Informáticos y Lavado de Activos Provenientes de Delitos Informáticos.
El procedimiento fue comunicado a la agente fiscal Ruth Karina Benítez, quien dispuso la incautación del teléfono celular que estaba en poder del joven. Se trata de un iPhone X de color negro, con capacidad de almacenamiento de 64 GB.
El detenido quedó a disposición de las autoridades competentes en el marco de la investigación.
Sobre la Operación YIDA Transfronterizo
Esta es una investigación del Ministerio Público y la Policía Nacional que busca desarticular una presunta organización criminal dedicada a las ciberestafas, el lavado de activos y la asociación criminal.
Según los antecedentes fiscales, la red captaba víctimas mediante falsas ofertas de trabajo remoto difundidas en redes sociales y plataformas de mensajería, prometiendo ganancias por realizar supuestas tareas digitales, como calificar productos destinados al mercado chino. Luego, inducía a las víctimas a transferir dinero y convertía los fondos en criptomonedas para enviarlos a billeteras digitales en el extranjero. Cuando intentaban retirar sus supuestas ganancias, las víctimas eran bloqueadas y se les exigían nuevos pagos.
De acuerdo con información del Ministerio Público difundida el 3 de agosto de 2026, la investigación había documentado más de 60 víctimas directas y un perjuicio inicialmente acreditado de G. 605 millones. Además, los investigadores detectaron movimientos superiores a USD 3 millones en criptomonedas USDT y estimaban que la presunta red podría haber afectado a más de 2.000 personas en el país.
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