Desde la Asociación de Abogados Penalistas del Paraguay se refirieron a la postura de jueces y fiscales de negar medidas menos gravosas a enfermos terminales recluidos en el Centro de Rehabilitación Social (CERESO) y calabozos de comisarías del departamento de Itapúa.
https://youtu.be/v-jxGdk9VP0
La posición asumida se da luego de la muerte de un imputado con una enfermedad terminal en el calabozo de la Comisaría 5 del barrio Mboi Ka’e, a pesar de un dictamen médico que advertía el crítico estado de salud de este.
A través de un comunicado, el gremio levantó su voz de protesta contra las últimas actuaciones del Ministerio Público en relación a lo que ellos consideran tropelías ejercidas hacia los ciudadanos y abogados litigantes en particular.
Según reza el comunicado, «consideran arbitraria la persecución penal de parte de algunos Agentes Fiscales que dirigen acciones penales basadas en hechos que no revelan la concurrencia de los presupuestos exigidos en los tipos penales, notándose en ello una clara muestra de selectividad en el ejercicio punitivo, eligiendo a las personas a quien someter a proceso penal y excluyendo a aquellos que de alguna manera tienen la posibilidad de influir sobre este ‘organismo extrapoder’ «. (Sic).
Si bien el comunicado se dirige expresamente a Fiscales, también señalan a Jueces Penales quienes, según la nota firmada por los abogados Rolando Aquino y Miguel Paredes en representación de los penalistas, someten a represalias a los abogados que se manifiestan ante lo que consideran injusto.
Actualmente existen varias peticiones en diferentes juzgados penales de la Circunscripción Judicial de Itapúa, donde en la mayoría de los casos el Ministerio Público se opone a los pedidos de los defensores, oponiéndose al Artículo 19 de la Constitución Nacional y Artículo 54 del Código Penal.
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