Una docente jubilada de Coronel Bogado denunció públicamente una serie de presuntas irregularidades en la administración local del Programa Tekopora del Ministerio de Desarrollo Social, luego de que su hijo, una persona con discapacidad severa, fuera excluido del beneficio que percibió durante ocho meses.
Se trata de Gloria, madre de un joven de 23 años con una discapacidad certificada del 91% para el autocuidado, quien relató que lleva más de dos años realizando gestiones y reclamos para lograr la inclusión y posterior restitución de la ayuda social destinada a su hijo.
Según explicó, tras numerosas gestiones realizadas tanto a nivel local como nacional, logró que su hijo fuera incorporado al programa debido a su condición de vulnerabilidad. Sin embargo, meses después el beneficio fue suspendido.
La justificación que recibió fue que ella mantiene un vínculo salarial con el Estado como docente jubilada, situación que, según le indicaron, impediría que su hijo continúe dentro del programa.
No obstante, la mujer sostiene que existen otros beneficiarios activos cuyos grupos familiares también cuentan con integrantes que perciben salarios estatales o ingresos formales, por lo que considera que la aplicación de los criterios no fue uniforme.
“Si el sistema va a funcionar, que funcione de manera equitativa para todos”, expresó.
La denunciante señaló que nunca ocultó su condición de jubilada y recordó que el beneficio siempre estuvo a nombre de su hijo, quien es mayor de edad y posee una discapacidad severa que requiere gastos permanentes en medicamentos, pañales y otros cuidados especiales.
Asimismo, manifestó que durante el último año y medio realizó reclamos ante la Dirección Nacional del programa, la jefatura regional y autoridades locales, sin obtener una respuesta satisfactoria ni una revisión de la medida adoptada.
Gloria indicó además que, mediante gestiones realizadas ante la Junta Municipal de Coronel Bogado, logró acceder recientemente a un listado de beneficiarios activos, donde —según afirma— figuran familiares de docentes activos, docentes jubilados, funcionarios públicos y personas vinculadas a distintas instituciones estatales.
La mujer aclaró que no busca que otras personas sean excluidas del programa, sino que se revisen los criterios aplicados en el caso de su hijo y se garantice un trato igualitario para todos los beneficiarios.
“Mi reclamo no es contra nadie. Solamente quiero saber por qué a mi hijo se le quitó el beneficio mientras que en otros casos similares sigue vigente”, sostuvo.
Finalmente, reiteró que continuará impulsando las gestiones correspondientes para obtener una respuesta oficial y una eventual reconsideración de la situación de su hijo, cuya condición de discapacidad continúa generando importantes necesidades económicas para su familia.
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