El magistrado de Yuty, departamento de Caazapá Miguel Angel Riquelme se encuentra en el ojo de la tormenta al ser señalado como impulsor de una nueva invasión de la Finca N° 1914 de una extensión de 1026Ha. en el distrito de Mayor Otaño, propiedad de la Familia Reymann Kaufmann, así lo plantea el portal Santa Rita Noticias.
Un grupo de personas habrían llegado a invadir el inmueble del inversionista alemán Frederic Reymann Kaufmann, las tierras de alto valor estarían siendo pretendidas por la firma Barcos S.A., a instancias de la presentación de un título falso, situación corroborada incluso por auditores del Registro Público, destaca el medio.
Los arrendatarios de la propiedad en cuestión Arlindo y Adelar Bettu, denunciaron en sede de la Comisaría 94 de la Colonia Yacuy Guazú, que unas 80 personas, encabezadas por el magistrado Miguel Angel Riquelme, de la localidad de Yuty (Caazapá), violando todas las normas sanitarias y judiciales, invadieron el inmueble. El hecho se habría producido cerca de las 14:00hs. de este martes.
Los denunciantes habrían indicado que el Juez Riquelme llegó al lugar y “autorizó” la invasión a las personas. Los hermanos Bettu tendrían el contrato del arrendamiento del inmueble inscripto ante los Registros Públicos.
Ante lo expuesto, representantes legales del inversionista alemán habrían presentado ante la Fiscalía de Mayor Otaño una denuncia por los hechos punibles de uso de documentos públicos de contenido falso y asociación criminal, especialmente en torno a la falsedad del título de la empresa interesada en la propiedad, detallan.
En este sentido, recordaron que las tierras del ciudadano alemán desde hace años vienen siendo epicentro de amenazadas de invasión de parte de personas inescrupulosas, quienes contarían con apoyo de autoridades locales en vista a su importante valor.
No obstante, la firma “Barcos SA” (detrás de la cual estarían Vicente Gómez de la Fuente y Graciela Villamayor de Florentín), pretendería apoderarse del inmueble; Los abogados de Barcos SA alegan que la firma tiene título de propiedad sobre 500 hectáreas del inmueble, sin embargo la Dirección General de Registros Públicos habría denunciado ante la Fiscalía General del Estado la falsificación del título superpuesto a la propiedad de Reymann, apunta el informe.
Sobre este punto, la crónica periodística detalla que en el mes de enero 2019, la Directora de Registros Públicos, Lourdes González de Muñoz, habría remitió una nota pidiendo la intervención de la Fiscal General del Estado, Sandra Quiñonez, en la investigación, en el escrito de referencia la misma incluye copias del resultado de la pericia realizada por el Registro Público donde se confirmaría que el título de propiedad de Frederic Reymann es legítimo.
Un aspecto asombroso en este caso, tiene que ver que el título que habría presentado la empresa Barcos SA. el cual incluía una transferencia realizada el 2 de octubre de 2003 por el finado Plinio Kleeman, donde se descubrió que el hombre llevaba seis años muerto cuando apareció su firma en una transferencia realizada por la escribana Graciela Villamayor de Florentín. Así lo corroboraría el certificado de defunción número 938934, expedido por la Dirección General del Registro Civil documento que deja constancia de la muerte de Kleeman el 6 de diciembre de 1997, lo cual evidencia el intento de fraude, señalan.
Ante los hechos mencionados, las abogadas Vilma Días Oliveira y Rossana Báez Mendoza presentaron los documentos a la Fiscalía, comunicando la falsedad del título de Barcos SA y ampliación de la denuncia por los hechos punibles de uso de documentos públicos de contenido falso y asociación criminal.
Además, habrían comunicado la existencia de una investigación fiscal abierta por tales hechos punibles, que dio origen a la causa penal N°222/2019 S/ Sup. Hechos Punibles C/ la Prueba Documental”, como igualmente la existencia del juicio ordinario caratulado Georg Frederic Reymann C/Barcos SA y otros S/acción ordinaria de redargución de falsedad y cancelación de los Registros Públicos, en el cual se ha dictado las medidas cautelares de prohibición de innovar, de contratar y anotación de Litis contra el título de Barcos SA.
Hasta el momento, se desconocen los intereses del magistrado de Caazapá en la situación pero indican que el mismo poseería varias denuncias ante el JEM. Fuente: Central Santa Rita de Noticias.
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