El exintendente de Jesús, Víctor Garay, fue condenado a dos años y seis meses de prisión tras un juicio por irregularidades en su administración. El Ministerio Público había solicitado una pena de seis años y ahora analiza la posibilidad de apelar la sentencia, según confirmó el fiscal Luis Albertini.
En entrevista con Itapúa en Noticias, el agente fiscal manifestó su disconformidad con la condena y sostuvo que, durante el proceso, se expusieron hechos que demostrarían un perjuicio patrimonial superior a los G. 2.000 millones.
Albertini señaló que la investigación se centró en el manejo de recursos públicos, presuntos contratos inexistentes, empresas cuestionadas y la ejecución de obras que, pese a haber sido pagadas en su totalidad, permanecían inconclusas cuando fueron verificadas por el Ministerio Público.
Como ejemplo, mencionó trabajos de desmonte y despeje que, según indicó, todavía no se habían iniciado más de un año después. También aludió a declaraciones de personas que figuraban como responsables de proyectos y que habrían negado haber realizado trabajos o firmado contratos con la Municipalidad.
El fiscal cuestionó que el tribunal haya restado valor a parte de las pruebas presentadas. No obstante, reconoció que la decisión sobre una eventual apelación se adoptará después de analizar los fundamentos de la sentencia.
Durante la entrevista, Albertini también rechazó las críticas del tribunal sobre la investigación fiscal. Afirmó que se realizaron allanamientos y diligencias ante distintas instituciones para rastrear el destino de los fondos.
INTENDENTE ELECTO PIDE REVISAR EL CASO
El intendente electo de Jesús también se presentó ante la unidad fiscal para conocer detalles de la resolución. Consideró que existieron hechos graves que no habrían sido debidamente valorados, entre ellos operaciones vinculadas a personas que figuraban en proyectos y que, según las denuncias mencionadas, habrían sido objeto de documentación presuntamente irregular.
El representante electo indicó que la posibilidad de recurrir la sentencia deberá analizarse posteriormente.
La Fiscalía sostiene que las irregularidades investigadas corresponden al ejercicio fiscal 2022 y que, cuando la administración municipal fue asumida de manera interina en 2023, los recursos especiales ya no estaban disponibles en caja.
La decisión sobre una eventual apelación queda pendiente del análisis de los fundamentos del fallo judicial.
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