Luego de la sesión en la Junta Municipal donde se realizó la aprobación de la Ejecución Presupuestaria 2022 un grupo de personas que se agruparon fuera de la institución, hicieron eco de su disconformidad con la gestión de los Concejales y ejercieron su derecho constitucional a manifestarse.
Resulta que cuando salían los ediles muchos de ellos fueron blanco de críticas y recriminaciones por parte de la ciudadanía, a lo que por lo lógica están expuestos las figuras públicas y mucho más aquellos que perciben dinero proveniente de los impuestos a los contribuyentes.
Después de las discusiones e insultos de por medio, el Concejal Municipal Marino Fernández formuló una denuncia en la Comisaría 1° por un supuesto hecho de coacción y por todo lo que quedó grabado en vídeos, los denunciados y la defensa legal representada por el Abg. Rolando Aquino entienden que es una denuncia infundada, lo que dejaría en claro las intenciones de intentar coartar el derecho constitucional de los ciudadanos libres de expresar sus reclamos y utilizando a la institución pública a modo de amedrentamiento.
“Estamos seguros que el hecho punible de coacción no existió, lo que quiso hacer Marino Fernández es amedrentar y evitar que la ciudadanía ejerza el derecho a manifestarse.” Manifestó el Abg. Rolando Aquino.
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