El Abog. Ramón Ibarra González, de la querella adhesiva en la causa caratulada Santiago Prado Aguilera y otros sobre supuesto lavado de dinero en Coronel Bogado, denunció algunas supuestas irregularidades en las últimas determinaciones adoptadas por la Jueza Penal de Garantías Abog. Raquel García Rivarola. El mismo se refirió especialmente al Oficio Número 669 del pasado 11 de setiembre en el que se otorgaba el arresto domiciliario a Ever Prado Aguilera, uno de los imputados en la mencionada causa sin las garantías que debía presentar para el efecto, según denunció.
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Detalló que en el inmueble presentado como garantía está tasado en Gs. 300.000.000 cuando el perjuicio denunciado por la empresa ALGISA es de Gs. 1.390 millones. Otro punto detallado por Ibarra es que no fueron presentadas las condiciones de dominio del inmueble y al desconocer en qué situación se encuentra no existen garantías para el arresto domiciliario. argumentó.
Para el letrado es llamativo que la defensa de los imputados había presentado el mismo argumento en una revisión de medidas cautelares anterior que fue rechazada por la misma jueza y días después dio lugar al pedido. Por otro lado, volvió a referirse a la Jueza Raquel García ya que el pasado lunes se presentó la apelación al arresto domiciliario y hasta la fecha el mencionado juzgado no trasladó a la Cámara de Apelaciones, y según él, esto dilata en gran manera el proceso en perjuicio de la supuesta víctima.
La querella adhesiva sostuvo que este juzgado no tiene competencia en la causa sino que debe ser trasladado al Juzgado Especializado contra Delitos Económicos en la capital del país a cargo del Juez José Delmas.
Los antecedentes refieren que el pasado 21 de agosto en una serie de allanamientos se procedió a la detención de Santiago Prado Aguilera y sus dos hermanos Ever Prado Aguilera y Eulogia Prado Aguilera, y la incautación y secuestro de varios bienes por el supuesto hurto de Gs. 1.390 millones de la firma ALGISA donde trabajaba como guardia de seguridad.
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