Una Justicia benévola benefició a Benjamín Adaro Monzón (concejal departamental de la ANR de Caazapá), procesado por homicidio doloso, intento de homicidio y violación de ley de armas, con “reclusión” en una clínica de kinesiología y fisioterapia que “casualmente” está ubicada en su propio domicilio de la ciudad de Yuty, departamento de Caazapá. Las resoluciones judiciales que prácticamente dejan libre al encausado generan temor en la mencionada localidad.
Según los datos, el pasado 8 de setiembre, el juez de Garantías de la ciudad de María Auxiliadora, departamento de Itapúa, Hugo Centurión Osorio, firmó la resolución que concede la reclusión del procesado por homicidio doloso Benjamín Adaro Monzón en un Centro de Rehabilitación que se denomina “Clínica de Kinesiología y Fisioterapia Yuty”, que está ubicado sobre la calle Madrigal y 14 de Mayo de la ciudad de Yuty, precisamente donde está la vivienda de Benjamín Adaro Monzón.
El proceso contra Benjamín Adaro Monzón, que lleva el mencionado magistrado de María Auxiliadora, es el que investiga la muerte violenta de Carlos Delvalle Lugo, que ocurrió el 15 de setiembre del año pasado. Delvalle Lugo, oriundo de San Pedro del Paraná, pero con domicilio en Cruce Kimex (ruta PY06), denunció días antes de su ejecución por parte de dos sicarios, que el concejal departamental de Caazapá le estaba amenazando de muerte. Posteriormente, la pericia demostró que las armas utilizadas por los sicarios serían las mismas utilizadas por dos hombres en el ataque de la Junta Departamental de Caazapá.
El juzgado de Centurión Osorio trató de maquillar la prisión domiciliaria del procesado por un crimen; sin embargo, en el proceso por tentativa de homicidio doloso que investiga el atentado en la Junta Departamental de Caazapá, que ocurrió el 8 de agosto del año pasado, los miembros de la Cámara de Apelaciones Édgar Urbieta y Guido Ramón Melgarejo concedieron el arresto domiciliario a Adaro Monzón, pese a la gravedad del crimen cometido, con una expectativa de pena alta, que supera los cinco años de mínima. La camarista Cinthia Ramírez votó en contra. El juez de garantías de este caso es Claudio Villalba.
El tercer proceso que afronta el conocido político yuteño, que siempre está atemorizando a los lugareños, es por la violación de la ley de armas. El juez de garantías es Humberto Otazú, quien también dispuso el arresto domiciliario para el procesado, debido a que el delito tiene una expectativa de pena mínima de 6 meses que ya cumplió.
Según los datos, en los dos procesos, el encausado debía cumplir primero la pena mínima de los delitos supuestamente cometidos, que es de cinco años, pero con la “influencia” que tiene el político colorado, en menos de un año ya consiguió nuevamente dejar la penitenciaría (San Pedro) donde estaba recluido.
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