Un grupo de personas que se presentan como dirigentes sociales de Encarnación volvió a generar polémica tras acudir a la Cámara de Diputados para exigir supuestos beneficios a la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), pese a que, según antecedentes oficiales, dichos compromisos ya fueron cumplidos hace más de diez años.
Los involucrados se identifican como miembros de la denominada Asociación de Afectados de la EBY, organización que reclama compensaciones vinculadas a la construcción de la represa. No obstante, desde la propia entidad se recuerda que en el año 2013 se dio por finalizado el compromiso social con las familias afectadas.
Entre los nombres que resurgen en este escenario figuran Inocencia Pineda, conocida como “Ña Chencha”, Fabio Montiel, Eustaquio Almirón y Elvio González. De acuerdo a registros, varios de estos actores ya habían sido investigados entre los años 2008 y 2010, junto a otros dirigentes, en causas relacionadas a presuntos cobros indebidos y extorsión.
En aquel período, las denuncias señalaban que supuestamente exigían a familias indemnizadas por la EBY la entrega de parte del dinero recibido, bajo la figura de intermediación o gestión. Estos hechos derivaron en procesos judiciales por presunto enriquecimiento ilícito y abuso de poder.
Asimismo, se menciona que en administraciones anteriores estos grupos habrían ejercido presión mediante amenazas de movilizaciones o conflictos sociales, con el objetivo de obtener beneficios como contratos u órdenes de compra.
Actualmente, según fuentes vinculadas al caso, estas prácticas estarían intentando reactivarse, aunque el contexto institucional ha cambiado. Desde la EBY señalan que la entidad se encuentra enfocada en cuestiones estructurales y operativas, manteniendo una postura firme ante cualquier intento de presión o reclamo que no corresponda a obligaciones vigentes.
El caso vuelve a instalar el debate sobre la legitimidad de ciertos reclamos y la necesidad de transparentar los procesos vinculados a compensaciones sociales en torno a Yacyretá.
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