La defensa de un ciudadano alemán procesado por una supuesta invasión de inmueble presentó una denuncia contra tres agentes fiscales de Itapúa, a quienes atribuye una presunta actitud dilatoria en una causa que lleva varios años y cuyo juicio oral debía comenzar el próximo lunes 17 de agosto.
El acusado es Hermann Volker Klann, poblador de Capitán Meza, quien fue denunciado por el Banco Interfisa bajo el argumento de que habría ingresado y ocupado irregularmente un inmueble. Sin embargo, su defensa sostiene que el hombre ya se encontraba en posesión del terreno y que la propiedad reclamada por la entidad bancaria presenta una supuesta superposición con el inmueble que ocupa.
Según el abogado Javier Oviedo, representante legal del procesado, el banco habría adquirido el título de propiedad de Carlos Olenik Memmel, quien actualmente cuenta con una condena firme por hechos como estafa, lesión de confianza y otros delitos.
La defensa cuestiona además el desarrollo que tuvo la investigación fiscal. Afirma que inicialmente la causa estuvo a cargo del fiscal Carlos Walter Lugo, quien supuestamente se encaminaba a desestimar la denuncia, pero fue recusado por la parte denunciante.
Posteriormente, la causa pasó a la fiscal María del Carmen Palazón, quien presentó una imputación antes de recibir formalmente la carpeta fiscal, situación que, según la defensa, fue denunciada ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
Más adelante se conformó un equipo integrado por los fiscales Zulma Britos, Enrique Fornerón y Francisco Martínez. La defensa sostiene que durante la investigación se solicitaron distintas prórrogas y que finalmente los fiscales habrían considerado que correspondía el sobreseimiento del acusado.
Sin embargo, tras una nueva recusación, la causa quedó provisoriamente a cargo de la fiscal Luz Saldivar. El abogado cuestionó que la agente haya recibido la carpeta fiscal y, pocas horas después, haya presentado la acusación.
La defensa sostiene que estas actuaciones también fueron objeto de denuncias por presunto mal desempeño y persecución de inocentes.
Ahora, el principal cuestionamiento apunta a la decisión del Ministerio Público de solicitar el aplazamiento del juicio oral, alegando la complejidad de la causa. El juicio debía comenzar el 17 de agosto, pero finalmente fue reprogramado por el Tribunal de Sentencia para noviembre.
“Es el primer caso en donde yo, como defensor, veo que es la Fiscalía la que pide el aplazamiento de un juicio oral. Nunca pasó”, manifestó el abogado Javier, quien aseguró que normalmente son las defensas las que buscan evitar o postergar los juicios.
La defensa sostiene que la Fiscalía estaría dilatando el proceso debido a dificultades para sostener la acusación o para evitar que queden expuestas supuestas irregularidades cometidas durante las etapas anteriores de la investigación.
No obstante, estas afirmaciones corresponden a la postura de la defensa y deberán ser contrastadas con la versión del Ministerio Público y de los fiscales denunciados.
El abogado confirmó que la denuncia presentada ante el Tribunal de Sentencia alcanza a tres agentes fiscales y adelantó que se encuentran analizando otras acciones legales particularmente contra el fiscal Enrique Fornerón.
Como parte de su estrategia, la defensa solicitó además que el juicio oral sea filmado íntegramente, con la intención de utilizar posteriormente el material con fines académicos en universidades.
Finalmente, los abogados solicitaron que se adelante nuevamente la fecha del juicio, argumentando que noviembre representa una espera excesiva para su representado, quien lleva varios años sometido al proceso penal y busca que su situación sea definida judicialmente.
Ministerio Público justifica el pedido de aplazamiento
El fiscal Enrique Fornerón salió al paso de los cuestionamientos formulados por la defensa, procesado por un supuesto hecho de invasión de inmueble ajeno, y negó que el Ministerio Público esté realizando una maniobra dilatoria para evitar la realización del juicio oral.
Fornerón afirmó que la postergación fue solicitada por unanimidad del equipo fiscal debido a razones de salud y superposición de audiencias, y sostuvo que todavía no existe una definición sobre la acusación contra el ciudadano alemán. A su vez, explicó que la causa no se encuentra bajo su titularidad individual, sino que está a cargo de un equipo integrado por los fiscales Zulma Britos, Francisco Martínez y él mismo. Señaló que los tres resolvieron por unanimidad solicitar el aplazamiento del juicio oral que debía iniciar el lunes 17.
Según explicó, la decisión respondió a circunstancias particulares de los integrantes del equipo: Britos atraviesa problemas de salud, mientras que Martínez ya tenía fijada otra audiencia de juicio oral para la misma fecha y horario. Ante esta situación, los fiscales consideraron necesario contar con la presencia de los tres para afrontar una causa que califican como compleja.
El juicio fue recalendarizado para noviembre.
Fornerón también aclaró su participación anterior en el expediente. Indicó que no fue quien formuló la acusación inicial y que únicamente intervino en la audiencia preliminar debido a que la fiscal Britos contaba con un permiso médico y el fiscal Martínez se encontraba de vacaciones.
En aquella audiencia, afirmó, se ratificó en la acusación presentada previamente por otra agente fiscal. Explicó que la audiencia preliminar no tiene como finalidad determinar la culpabilidad o inocencia del acusado, sino controlar la investigación y verificar que la acusación reúna los requisitos necesarios para elevar la causa a juicio oral.
“Es ahí donde vamos a ver si se pueden probar o no los hechos”, sostuvo el fiscal.
Respecto a los cuestionamientos de la defensa, que sostiene que el Ministerio Público estaría evitando un juicio que podría terminar con el sobreseimiento del acusado, Fornerón aseguró que todavía no se reunió con los demás integrantes del equipo para definir la estrategia que asumirán en el juicio.
Asimismo, rechazó las acusaciones de que estaría actuando personalmente contra la defensa y afirmó que existen publicaciones que, según su interpretación, buscan perjudicar su imagen a raíz de decisiones adoptadas en otras causas.
El agente fiscal manifestó que informará de la situación a su superior jerárquico y sostuvo que, si la defensa considera que existe algún impedimento o conflicto, existen mecanismos procesales para solicitar su apartamiento, en lugar de recurrir a los medios de comunicación.
La causa involucra al ciudadano alemán
La causa involucra a Hermann Volker Klann, quien enfrenta una acusación por un supuesto hecho de invasión de inmueble ajeno. La defensa sostiene que el hombre es el legítimo propietario del inmueble y cuestiona el origen de la documentación presentada por la parte denunciante.
Con el aplazamiento, el juicio oral quedó fijado para noviembre, mientras las partes continúan preparando sus respectivas posiciones para la etapa de debate.
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