Paraguay volverá a afrontar la estela represiva dejada por la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989) con nuevas excavaciones para dar con los restos de 17 desaparecidos enterrados en fosas comunes, algunos de ellos mujeres, todos miembros del opositor Movimiento 14 de Mayo.
El titular de la Dirección de Memoria Histórica y Reparación, Rogelio Goiburú, dijo a Efe que el equipo de búsqueda saldrá de Asunción el 4 de octubre y que las tareas de campo comenzarán el 6 del mismo mes en una estancia en el departamento de Caazapá (sur), para después continuar en el departamento de Caaguazú y en la ciudad de Lambaré (cerca de Asunción).
Las víctimas serían opositores que en 1960 habrían sido “asesinados, previa tortura, y luego enterrados en fosas comunes” por uniformados bajo el mando del general Patricio Colmán, conocido represor durante el régimen stronista.
La humedad de la zona y la acidez de la tierra hacen que Goiburú se mantenga prudente, pero confía en “encontrar algunos huesos y dientes que permitan a identificar a los 17 compatriotas enterrados allí, según testimonios”.
La Comisión de Verdad y Justicia de Paraguay registró 425 ejecutados o desaparecidos y casi 20.000 detenidos durante el régimen de Stroessner, la gran mayoría de los cuales fueron víctimas de palizas, picana eléctrica, quemaduras y otras formas de tortura física.
Goiburú, hijo del desaparecido Agustín Goiburú, uno de los más conocidos opositores a Stroessner, se puso al frente de las búsquedas en 2006.
Desde entonces se han exhumado 36 cuerpos, de los que solo se ha reconocido a cuatro personas, mientras que los demás siguen en proceso de identificación genética.
Su equipo reiniciará las búsquedas tras la aprobación por parte del Gobierno de un monto de 90 millones de guaraníes (cerca de 16.000 dólares) para costear los gastos de investigación, búsqueda, excavación y exhumación.
La cifra corresponde a un presupuesto superior de 330 millones de guaraníes (unos 58.400 dólares), de los que la mitad estarían destinados a pagar a los especialistas del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que participan en la búsqueda desde hace años.
La otra mitad sería para cubrir los gastos del equipo local, compuesto por una docena de personas.
“Por fin tenemos estos recursos”, se felicitó Goiburú, quien además recalcó que es una responsabilidad del Estado paraguayo hacerse cargo de esos delitos de lesa humanidad.
Sin embargo, la aprobación de esta partida llega cuando al actual Gobierno le quedan unos meses para cumplir su mandato, que finalizará tras la próximas elecciones generales de abril de 2018, lo que obliga al equipo de Goiburú a acelerar el ritmo de trabajo.
“Lo que teníamos pensado hacer en dos años lo tenemos que hacer en ocho meses. Nos obliga a tener que trabajar más días, con más personal, con más esfuerzo y duplica nuestro trabajo”, manifiesta sin perder el entusiasmo.
Este cambio de planes plantea también la posible colaboración de un equipo forense brasileño y la ayuda del antropólogo forense español Francisco Etxeberria, con el que ya han hablado y con el que esperan contar si las exhumaciones coinciden con algunos de sus viajes al continente.
Asimismo, Goiburú se refirió a la dificultad que entraña a la hora de localizar a los desaparecidos el hecho de que a muchos familiares les cueste colaborar en las investigaciones.
“Nos preguntamos por qué las familias no denuncian y es por miedo, porque 35 años de terrorismo hacen que la gente tenga miedo. Además, no se confía en la Justicia y, en el interior (del país), encuentras gente muy humilde que no tiene recursos para venir a Asunción y denunciar”, dijo. EFE
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