Nuevos testimonios se produjeron durante el juicio oral y público que enfrenta el intendente del distrito de Jesús, Víctor Bernardo Garay, en una causa relacionada con presuntas irregularidades en la administración y utilización de recursos municipales.
Según explicó el agente fiscal Luis Albertini, durante la jornada anterior prestaron declaración en carácter de testigos el arquitecto Roque Ortiz y Emilio González, quien se desempeñaba como tesorero del Consejo de Desarrollo.
El fiscal señaló que el testimonio de Ortiz permitió conocer detalles sobre supuestos descuentos compulsivos aplicados en adjudicaciones de proyectos y obras de construcción. De acuerdo con lo manifestado por el testigo, tanto el intendente como un concejal de apellido Sallas habrían estado al tanto de dichas situaciones.
Albertini indicó además que Ortiz habría relatado que, en tres ocasiones, fue seguido por funcionarios a quienes posteriormente entregó determinadas sumas de dinero y que habría sido presionado para entregar más del 60% de lo percibido en concepto de honorarios.
Por otra parte, el testigo Emilio González habría declarado sobre el mecanismo utilizado para el pago a empresas constructoras. Según el fiscal, González manifestó que los cheques librados por el intendente, en su carácter de presidente del Consejo de Desarrollo, eran cobrados por funcionarios o por el propio tesorero y posteriormente entregados al jefe comunal.
El representante del Ministerio Público sostuvo que estos hechos serían irregulares y afirmó que los testimonios producidos durante el juicio estarían reforzando la hipótesis de la Fiscalía respecto a la responsabilidad que habría tenido Garai en su carácter de intendente y presidente del Consejo de Desarrollo.
“Están surgiendo cuestiones que van corroborando la tesitura del Ministerio Público”, manifestó Albertini.
LA CAUSA Y LAS OBSERVACIONES DE LA CONTRALORÍA
El fiscal recordó que la causa se originó a partir de una auditoría realizada por la Contraloría General de la República sobre recursos especiales por aproximadamente G. 7.000 millones.
De acuerdo con la explicación brindada por Albertini, unos G. 2.000 millones corresponderían a la administración anterior y aproximadamente G. 4.000 millones a la actual administración.
Dentro de la auditoría se detectaron 25 observaciones, entre ellas obras que habrían sido pagadas en su totalidad pese a presentar un avance nulo, además de presuntos sobrecostos.
El fiscal mencionó que la Contraloría habría determinado un monto de aproximadamente G. 1.535 millones relacionado con sobrecostos, sobre una cifra superior a G. 1.800 millones inicialmente observada.
Asimismo, señaló que los recursos especiales habrían sido canalizados a través del Consejo de Desarrollo, que habría actuado como intermediario en los pagos, situación que, según la Fiscalía, habría permitido evitar determinados controles que corresponden a la administración municipal.
Entre las observaciones también se mencionaron casos de profesionales que presuntamente no habrían prestado los servicios consignados, utilización de facturas o documentaciones de profesionales y contratos que no contarían con las firmas correspondientes.
En ese contexto, Albertini hizo referencia al artículo 51 de la Ley Orgánica Municipal, que establece atribuciones del intendente, entre ellas la suscripción de contratos y la convocatoria a licitaciones, señalando que algunas de las situaciones investigadas podrían incluso guardar relación con la producción de documentos no auténticos.
El fiscal sostuvo que las 25 observaciones detectadas comprenden distintas modalidades de presuntas irregularidades y que durante el desarrollo del juicio también surgieron nuevos nombres vinculados al caso.
Finalmente, Albertini señaló que de los aproximadamente G. 4.000 millones correspondientes a la administración actual que fueron auditados, existiría una suma cercana a G. 2.100 millones cuya utilización, según la Fiscalía, no estaría debidamente respaldada documentalmente.
El juicio oral continuará con la producción de nuevas declaraciones testimoniales y otros elementos, mientras el Ministerio Público sostiene que las evidencias incorporadas hasta el momento respaldan su acusación contra el intendente de Jesús.
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