El Gobierno de Argentina formalizó el traspaso de la gestión de la Hidrovía Paraná-Paraguay al sector privado, dando por concluido el proceso licitatorio para la administración de la principal vía navegable del país, por donde circula alrededor del 80% del comercio exterior argentino. El procedimiento finalizó sin impugnaciones por parte de las empresas participantes, marcando el cierre de la etapa de gestión estatal de esta infraestructura estratégica.
La concesión fue adjudicada al consorcio integrado por las empresas Jan de Nul y Servimagnus, que cumplió con todos los requisitos administrativos exigidos para la firma del contrato. Entre ellos se encuentran la constitución de la sociedad anónima Vía Navegable Argentina S.A., la transferencia de los activos de la administración saliente y la incorporación del personal técnico encargado de garantizar la continuidad de los trabajos de dragado, balizamiento y registro hidrométrico.
Con la entrada en vigencia de la nueva concesión comenzó a aplicarse una reducción automática del 13,5% en la tarifa del peaje de la hidrovía. Además, el contrato contempla obras de profundización del canal e incorporación de nuevas tecnologías destinadas a mejorar la seguridad y eficiencia de la navegación.
Las autoridades sostienen que estas inversiones permitirán que los buques transporten mayores volúmenes de carga y reduzcan los tiempos de operación en los puertos, contribuyendo a disminuir los costos logísticos y fortalecer la competitividad de las exportaciones y de la producción argentina.
Durante el desarrollo de la licitación se realizaron mesas técnicas de debate con la participación de especialistas, universidades, productores, representantes del sector portuario y naviero, cámaras industriales y autoridades de las provincias involucradas. El proceso también contó con el acompañamiento de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), que actuó como organismo veedor para garantizar la transparencia y la aplicación de estándares internacionales.
Pese al cambio de administración, el Estado argentino conservará su función de autoridad de control sobre la vía navegable. En ese marco, el Gobierno avanzará en la conformación del Consejo de Control, integrado por representantes de las provincias ribereñas y de los usuarios privados, con el objetivo de supervisar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de concesión.
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