Un Tribunal de Sentencia condenó a cinco años de pena privativa de libertad a Elisa Noemí Sotelo Cubilla, contadora de 40 años, tras ser hallada culpable de los hechos punibles de lesión de confianza y apropiación por un perjuicio económico cercano a los 800 millones de guaraníes en perjuicio de la empresa Casinos Carnaval S.A. de Encarnación.
La acusación estuvo a cargo del fiscal Néstor Alonso, con el acompañamiento de la fiscal Rocío Valdez como agente coadyuvante, quienes durante el juicio oral y público lograron demostrar la responsabilidad de la acusada en el hecho ocurrido en el año 2019.
Los antecedentes del caso señalan que Sotelo Cubilla se desempeñaba como administradora general de la citada firma y desde agosto a setiembre de 2019, teniendo total acceso a las documentaciones de la firma sustrajo un talonario de cheques y numerosas hojas de cheques de varios bancos de plaza, que se encontraban en poder de la misma para su redacción.
Ante el aviso de un ente bancario, el Departamento de Administración del casino verificó que varias hojas de cheques fueron sustraídos, y ordenaron el no pago de los cheques que aún no habían sido presentados en ventanilla para el cobro. Luego se constató que varias personas fueron a cobrar los cheques, presuntamente cómplices de la denunciada.
La auditoría interna concluyó que Sotelo Cubilla fue la que cobró varios de los cheques, luego de que se detectaron 35 operaciones supuestamente irregulares, causando un perjuicio patrimonial a la firma desde su posición de funcionaria (administradora) y teniendo la responsabilidad de garantizar el cuidado y protección de los valores que le fueron confiados.
Durante el desarrollo del juicio, el Ministerio Público presentó elementos probatorios que permitieron al Tribunal determinar la existencia de los hechos y la participación de Sotelo Cubilla.
Finalmente, los magistrados resolvieron imponer una condena de cinco años de prisión, tras considerar acreditada la comisión de los hechos punibles investigados.
El Ministerio Público informó que continuará impulsando acciones contra hechos de carácter patrimonial, buscando el esclarecimiento de situaciones que ocasionen perjuicios económicos a personas físicas o jurídicas.
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