El Abg. Salim Abud manifestó que a mediados del año 2015 se planteó una demanda por cuatro profesionales contra el municipio de Encarnación, en el marco de una demanda civil por incumplimiento de contrato. Originariamente el contrato era parte de un proyecto en el cual tomaba intervención el CONACYT para la instalación de huertas en patios domiciliarios, de manera a que los pequeños productores de los barrios puedan tener ingresos extras.
El municipio encarnaceno en este importante proyecto a nivel nacional sólo iba a ser institución respaldatoria para que el CONACYT pueda ejecutar la inversión y de esa manera generar empleos en la ciudad, todo estaba encaminado y aprobado, pero cuando Luis Yd asumió el cargo rechazó el proyecto, desestimando todo el trabajo que se había hecho y generando grandes pérdidas para los inversores que implementarían esta novedosa manera de generar trabajo, además con las intenciones latentes en ese momento de que sea replicado en otros distritos de funcionar de manera correcta el proyecto.
Los incumplimientos comenzaron a surgir a partir del año 2016 ya que el municipio no presentaba los informes correspondientes al CONACYT, la institución pretendía invertir Gs. 245.000.000 para Encarnación, la municipalidad no debía invertir ni un sólo guaraní. La necesidad de la participación y colaboración de la administración de Luis Yd era sumamente necesaria porque el CONACYT como ente no puede abonar dinero directamente a los productores sino que debía depositar el dinero en la cuenta del municipio.
El primer desembolso se hizo efectivo a la orden de la Municipalidad, se inició el proyecto y cuando llegó el momento del segundo pago de Gs. 77.000.000, la administración de la comunidad encarnacena ya no presentó los informes correspondientes y el proyecto se dio de baja. Los cuatro profesionales contratados para la ejecución del proyecto no recibieron su paga correspondiente, ya que el contrato que ellos tenían fue firmado por el municipio, que dicho sea de paso recibía el informe de los auditores pero jamás elevaba los resultados a la CONACYT.
A partir de ese quiebre, los profesionales contratados afectados iniciaron una demanda civil por incumplimientos de contratos, siendo la Municipalidad de Encarnación condenada a abonar la suma total con intereses desde el día del incumplimiento, luego van a segunda instancia en el proceso legal tras la apelación y la resolución de primera instancia se confirma, posteriormente recurren a Corte Suprema de Justicia, siendo este último ente el que rechaza el pedido del Intendente y sus abogados, ratificando y ordenando que se haga efectivo el pago por incumplimiento.
Este expediente en cuestión retornó a la ciudad de Encarnación y hubo acercamientos a través del Abg. Marcial Cantero, Asesor Jurídico de la institución municipal, pero no se ha llegado a buen puerto por la falta de credibilidad. Allí se inició el proceso de ejecución de sentencia por un monto de Gs. 253.000.000 por costos impagos de honorarios convencionales, además del costo del proceso legal que costará Gs. 90.000.000 aproximadamente.
Demás está decir que la suma total que debe pagar el municipio por incumplir con el pago de los profesionales contratados impactará directamente en el bolsillo de los contribuyentes en una suma que asciende a casi Gs. 350.000.000.
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