En plena crisis económica a causa de la pandemia por el coronavirus, diputados y senadores presupuestaron para el 2021 la suma de G. 26.000 millones solo en seguro médico vip. Con este dinero, se puede aplicar las nuevas vacunas contra el covid-19 a 335.781 personas, lo que equivale al 5% de la población del Paraguay.
Según la Ley 6469 del Presupuesto General de la Nación, solo en el rubro de servicios de seguro médico de la Cámara de Diputados y de Senadores se presupuestó la suma total de G. 26.996.868.099, que al cambio actual del dólar sería US$ 4.029.383.
Con ese dinero se puede lograr la compra de 335.781 vacunas contra el covid-19 a un precio referencial de G. 80.400 cada una. Lograría así inmunizar al 5% de la población total del Paraguay, de 7.159.305 habitantes.
El monto presupuestado por los parlamentarios será destinado en plena crisis económica local y mundial por la pandemia del covid-19. La Cámara de Diputados presupuestó para el año que viene G. 16.800.000.000 para cerca de 1.320 funcionarios permanentes la cobertura médica privada sanatorial y odontológica (ver infografía).
Igualmente, el Senado mantiene el privilegio para cerca de 694 funcionarios nombrados, que no incluyen a los contratados y presupuesta la suma de G. 10.196.868.099. El contribuyente termina pagando por cada funcionario del Senado solo en seguro médico, la suma de G. 14.692.893 y por cada funcionario de Diputados la suma de G. 12.727.272, de acuerdo a lo presupuestado para el 2021.
A diferencia de la Cámara de Senadores, en la Cámara Baja el contribuyente también termina absorbiendo el seguro médico odontológico.
Este año fue promulgada la Ley 6622 que únicamente excluye a las altas autoridades de contar con el beneficio del seguro médico. El Poder Ejecutivo promulgó la ley el 20 de octubre pasado.
Según el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana (ANR, cartista), el contrato con el seguro médico fenece en febrero y con la renovación ya no serán incluidos los diputados con la ley que recorta los gastos superfluos en las instituciones públicas, excepto aquellos que ya renunciaron al beneficio al inicio del periodo en el 2018.
