La Cámara de Diputados rechazó este miércoles por unanimidad (80 votos) el proyecto de ley “De la resolución de la insolvencia”, que generó polémica en los últimos días por cargar con más exigencias a los deudores. La situación generó el repudio de la ciudadanía. Los legisladores de la Cámara Baja enviaron nuevamente el documento al Senado, que lo había aprobado.
Ya ayer los diputados se manifestaron en contra de este proyecto de ley enviado por el Ejecutivo y aprobado por el Senado que pone
prácticamente en estado de indefensión al deudor ante el acreedor, incluidos usureros.
Uno de los puntos más polémicos del documento establece, en su artículo 9, que el deudor comercial deberá, obligatoriamente y si es que incumplió dos cuotas, presentarse en un plazo de 90 días ante el juzgado, pidiendo la convocación de acreedores, su quiebra, la apertura de homologación judicial, o un acuerdo extrajudicial, y el plazo corre a partir del segundo incumplimiento de la deuda.
El documento será enviado ahora al Senado, donde fue aprobado sin objeciones. Como en pocas ocasiones, una larga lista de diputados habló solo para expresar los motivos por los cuales debía rechazarse este
proyecto. La mayoría coincidió en que con esto solo se busca atosigar al deudor. “Es impertinente por la crisis económica que se vive. Nadie da seguimiento a un proyecto de ley que viene del Ejecutivo”, dijo el liberal Carlos Silva Rivas al cuestionar cómo logró aprobarse este documento en la Cámara Alta.
“Este proyecto lo único que hace es simplificar para que puedan rematar tus casas, tus terrenos. Defiende los intereses de los prestamistas, de los usureros. No podemos permitir este atropello”, añadió su correligionario Antonio Buzarquis.
La propuesta fue remitida por el Poder Ejecutivo y cuenta con 360 artículos. Según la exposición de motivos, se busca reemplazar a la Ley de Quiebras Nº 154/1969.
En caso de insolvencia del patrimonio de la persona fallecida, si un deudor falleciera en estado de bancarrota, sus herederos o acreedores podrán pedir la declaración de su quiebra, siempre que la solicitud sea presentada dentro de los seis meses siguientes al día del deceso.
Varios especialistas coincidieron en que este documento tiene un montón de artículos que son sumamente peligrosos y empeorarán la crisis económica de las empresas y personas afectadas por la cuarentena sanitaria impuesta para frenar la expansión del coronavirus. Además, destacaron que tiene artículos inconstitucionales.//ABC DIGITAL
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