El pasado 18 de septiembre, en la Municipalidad de la ciudad de Encarnación, se realizó la apertura de sobres de ofertas para la concesión del servicio de recolección y disposición final de residuos.
Si bien cuatro empresas compraron el pliego de bases y condiciones, solamente dos de ellas hicieron ofertas formales. Se trata de Eco Recolectora del Sur, compuesta por las empresas Tecnoedil S.A, Recolectora Ecológica de Residuos S.A e Imperial SRL; También presentó oferta el Consorcio Roggio -ATI integrada por Benito Roggio e Hijos SA y ATI SRL.
Una de las empresas que integra el consorcio que ha presentado propuesta para el municipio de Encarnación, deja en evidencia algunos antecedentes recientes por la prestación del mismo servicio en la localidad de Salto de Guairá. Resulta que ATI S.A fue denunciada en la fiscalía del medio ambiente por daños ecológicos y ambientales, señalada por el mismo jefe comunal interino Abg. Wilson Báez en ese entonces.
Además de eso, la comuna tuvo que realizar una intervención para poder recuperar el vertedero municipal que había sido concesionado a esta empresa que incumplió el contrato. Los representantes de ATI S.A, lejos de apartarse, decidieron apelar a la resolución y mencionaron que los vehículos de la municipalidad no estaban autorizados para transportar basura.
Innumerables Conflictos
Según los medios de esa ciudad, la comunidad reiteró en varias ocasiones reclamos por un ineficiente servicio, teniendo en cuenta que había semanas enteras que los camiones recolectores no hacían su trabajo. Las bolsas se comenzaban a llenar de gusanos, irradiando olores nauseabundos y promoviendo que los animales destrocen los residuos y expongan a las personas a posibles contagios de enfermedades.
El actual Intendente Héctor Morán, dirimió conflictos en la justicia contra la empresa que en un período anterior al de Wilson Báez se le había dado la concesión por 25 años para realizar la recolección y disposición final de residuos. Ante medios de comunicación declaró que se han detectado varias irregularidades, desde el inicio mismo del nombre de la empresa porque primero era el “Consorcio 7 Saltos” luego se cambió a “ATI S.A” sin aparentemente haber informado al municipio.
Por otra parte, comenzaron los conflictos por el canon que debía pagar la empresa a la municipalidad, ya que se reclaman deudas cruzadas y finalmente aparentemente la empresa jamás abonó lo correspondiente, según lo que comentó el intendente actual.
La municipalidad de Saltos de Guairá no estuvo nunca al tanto de cuántos son los funcionarios que prestaban el servicio de recolección, tampoco tuvo acceso a los contratos, nunca brindaron los datos de los montos que cobraban a la ciudadanía ni presentaron facturas.
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