Abogados representantes de la familia de una de las víctimas fatales del derrumbe del edificio en Encarnación solicitaron al Ministerio Público la recalificación de la causa por homicidio culposo a homicidio doloso, argumentando la existencia de dolo eventual por parte de los imputados.
La presentación fue realizada en el marco de la causa “Roberto Faustino Ramírez y otros s/ supuesto hecho punible de homicidio culposo y otros”, en la que la querella sostiene que los responsables tenían conocimiento previo del riesgo estructural del edificio colapsado y, pese a ello, permitieron la continuidad de las obras.
Según el escrito, informes técnicos previos ya advertían sobre fallas graves en la estructura del inmueble, incluyendo riesgos concretos de derrumbe, deficiencias en los materiales y necesidad urgente de intervención. Estas advertencias, afirman, eran comprensibles incluso para personas sin formación técnica, lo que refuerza la hipótesis de que los responsables representaron el peligro existente.
La acusación señala que, pese a estas alertas, no se adoptaron medidas preventivas como la suspensión de obras, evacuación del lugar o refuerzo estructural. Por el contrario, se habría continuado con los trabajos, incrementando el riesgo y exponiendo a trabajadores y terceros a una situación de peligro.
En ese contexto, los representantes legales sostienen que la conducta se encuadra dentro de la figura de dolo eventual, al considerar que los imputados habrían previsto la posibilidad de un resultado fatal y, aun así, decidieron continuar con la actividad.
Asimismo, se argumenta que tanto la propietaria del inmueble como el profesional a cargo de la obra tenían una posición de garante, lo que implicaba la obligación legal de evitar daños a la vida e integridad de las personas. La omisión de acciones para neutralizar el riesgo, según la presentación, resulta equiparable a la causación activa del resultado.
El documento también destaca que el derrumbe, ocurrido el 2 de abril de 2025, produjo el resultado advertido previamente por los informes técnicos, lo que, a criterio de la querella, refuerza la imputación penal.
Además de la recalificación jurídica, los abogados solicitaron al Ministerio Público la realización de diversas diligencias investigativas. Entre ellas, la toma de declaración testimonial de la madre de la víctima, pedidos de informes a instituciones públicas, citaciones a indagatoria de los imputados y la recopilación de documentación relacionada con la propiedad del inmueble y la actividad constructiva.
La causa continúa en etapa investigativa, mientras el Ministerio Público analiza los planteamientos presentados por la representación de la víctima y define las próximas acciones en el proceso.
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