El ingeniero Héctor Cristaldo, referente del sector productivo, expresó su preocupación ante iniciativas legislativas que plantean la creación de nuevos impuestos al campo, advirtiendo que este tipo de medidas no solucionan el problema de fondo del sistema jubilatorio y terminan castigando directamente al trabajo y a la producción.
Cristaldo aclaró que el Gobierno Nacional no es responsable de estas propuestas, ya que el Poder Ejecutivo presentó un proyecto orientado a estabilizar y normalizar la caja fiscal, actualmente deficitaria e insostenible en el mediano y largo plazo. Según indicó, las iniciativas de gravar al sector productivo surgen desde algunos diputados y sectores afectados que buscan financiar el sistema sin rediseñarlo.
“Gravar al campo es, en la práctica, un impuesto al trabajo. Se le pretende cobrar a la gente por producir, y de esa manera vamos por un camino equivocado”, afirmó.
El referente sostuvo que la situación de la caja fiscal es crítica y que los números expuestos por el Ministerio de Economía son contundentes. Detalló que en el año 2024 el Estado debió destinar alrededor de 380 millones de dólares de impuestos generales —que debían invertirse en salud, educación e infraestructura— para cubrir el déficit del sistema jubilatorio.
Advirtió que este monto podría llegar a 800 millones de dólares a finales de este año y que, de mantenerse la tendencia, alcanzaría los 9.800 millones de dólares hacia el año 2035, una cifra que supera incluso el total anual de exportaciones del campo, estimadas en 8.800 millones de dólares.
Cristaldo también cuestionó la existencia de al menos 15 regímenes especiales de jubilación, creados mediante leyes particulares que no respetan criterios de racionalidad económica ni financiera. A su criterio, estos privilegios, sostenidos por presiones sectoriales y acuerdos políticos, son una de las principales causas de la inviabilidad del sistema.
En ese contexto, valoró la propuesta del Ministerio de Economía, destacando que la reforma planteada es gradual y responsable, entendiendo que no resolverá el problema de forma inmediata, pero representa un primer paso necesario para evitar el colapso del sistema.
Finalmente, alertó que si no se encara una reforma estructural, la alternativa será un aumento drástico de impuestos que afectará a toda la economía. Según estimaciones citadas, el Impuesto a la Renta Personal podría subir del 10% al 48%, y el IVA del 10% al 14% o incluso al 16% en el futuro. “Eso sería un saqueo. La gente terminaría trabajando únicamente para pagar jubilaciones”, concluyó
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