Unas 80 familias de diferentes barrios de la ciudad de Encarnación exigen justicia en un caso de supuesta estafa que ocurrió en el año 2013.
Según la denuncia, los supuestos autores de este delito se hicieron pasar por cooperativistas e hicieron creer a sus víctimas que se construiría un edificio con departamentos por el que debían de abonar una buena suma de dinero. Esta supuesta Cooperativa no estaba reconocida por la Incoop y ya contaba con una denuncia similar en la ciudad de Capiatá, según relató la Abog. Nancy Cabrera.
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El proyecto indicaba que el edificio iba a ser construido en el barrio San Pedro de Encarnación y para el acceso al mismo, los futuros beneficiarios debían abonar millonarias sumas en concepto de entrega inicial o aportes además de la firma de pagarés que oscilan hasta los 300.000.000 de Guaraníes.
Luego, al transcurrir un año de la firma del pagaré y al observar que no pasaba absolutamente nada en el predio donde debía ser construido el edificio, comenzaron a investigar y concluyeron que efectivamente se trataba de una estafa por lo que decidieron accionar.
Los enjuiciados en esta causa son: Hugo Acevedo, María Adelaida Ledesma y María Nancy Bogado.
A casi un año de haberse fijado la primera fecha del juicio, el mismo tiene un retraso considerable por constantes chicanerias presentadas por la defensa e inclusive por decisión del tribunal compuesto por los jueces Julio Acosta, Enrique González Martín y Hortensia Rojas, además es suplente Juan Carlos Bogarin Fatecha.
En la fecha la querellante presentó recusación en contra de los magistrados por “parcialidad manifiesta”. La misma argumenta que los jueces aceptan todo tipo de incidentes dilatorios cómo renuncias del abogado de los acusados Julio Centurión y posterior incorporación. Esta situación se habría dado en forma reiterativa con el consentimiento del tribunal, explicó Cabrera.
Sostuvo que según estimaciones, la estafa oscilaría los Gs. 18.000 millones de Guaraníes de los cuales Gs. 5.000 ya fueron efectivizados pero hasta el momento se desconoce el paradero de los pagarés que los acusados tendrían en su poder.
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