La propuesta faculta al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud, a incluir en los contratos que celebre y en la documentación complementaria para la adquisición de vacunas destinadas contra el COVID-19, cláusulas que establezcan la prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales arbitrales y judiciales con sede en el extranjero y la aplicación de leyes extranjeras con relación a tal adquisición.
Así también, indica que en ningún caso la prórroga de jurisdicción podrá extenderse a los terceros, sean personas físicas o jurídicas, residentes en el territorio nacional.
Otro punto señala que en los contratos se incluyan cláusulas que establezcan condiciones de indemnidad patrimonial respecto de indemnizaciones y otras reclamaciones pecuniarias relacionadas con y en favor de quienes participen de la investigación, el desarrollo, la fabricación, provisión y el suministro de las vacunas, al igual que cláusulas o acuerdos o confidencialidad en los contratos de adquisición de las dosis contra el COVID-19.
“Ésta es una herramienta necesaria, porque los acuerdos y contratos que se proponen a partir de las compañías farmacéuticas con las cuales estamos negociando por fuera del mecanismo COVAX establecen ciertos criterios, que son propios de los contratos internacionales de empresas privadas, entonces hay ciertas cuestiones en el ordenamiento jurídico que hoy no nos facultan poder hacerlo”, expresó el Ministro de Salud sobre el tema.
El titular de la cartera sanitaria refirió que el objetivo principal del proyecto es contar con una herramienta más para la adquisición de vacunas contra el COVID-19, a fin de proteger la salud de la población. Asimismo, aseguró que el Ministerio de Salud está apuntando a la compra de vacunas que ya tienen la aprobación de alguna entidad reguladora a nivel mundial, como la FDA, EMA u otras, dentro del primer trimestre del año.
En cuanto a la adquisición de vacunas por parte de las empresas privadas, explicó que las mismas deben generar un registro sanitario para el efecto y crear un plan de contingencia en casos de efectos adversos graves.
Por último, recordó que en todos los casos se respetará el Plan Nacional de vacunación elaborado por el MSPBS, es decir, la primera fase para trabajadores de blanco y mayores de 60 años, la segunda fase dedicada a los docentes, el personal de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional y, en la tercera y última fase, la población en general.Cabe resaltar que el proyecto fue consensuado entre el MSPBS, la Cancillería, la Procuraduría General de la República y el Ministerio de Hacienda, trabajado en conjunto con representantes del Congreso Nacional y presentado por los senadores Antonio Barrios, Zulma Gómez, Óscar Salomón, Fernando Silva Facetti, Blanca Ovelar y Arnaldo Franco.
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