El día de ayer, la Presidente de la Junta Departamental Myriam Ramona Velázquez (ANR), denunció a su colega Canuto Insfrán (ANR) por un supuesto hecho de violencia dentro del marco de la ley 5777/16.
Por este motivo, Infrán fue citado a una audiencia para mañana 13 de marzo a las 12:00 horas en el Juzgado de Paz. Según el oficio, también se ordena la especial protección de la denunciante prohibiendo a Canuto realizar cualquier acto de violencia de manera directa o indirecta por medio de los cuales desvalorice, humille, intimide, coacción, presione, hostigue, persiga, amenace, controle y vigile a Myriam Velázquez.
También queda prohibido que “Choko” se acerque a Velázquez, debiendo guardar distancia prudencial en las instalaciones donde por motivos de trabajo ambos deben asistir. Al igual que a su domicilio particular, tampoco puede Infrán ejercer acciones por los medios de comunicación social, redes sociales o cualquier otro medio de publicaciones u otras formas de difusión o reproducción de mensajes, contenidos, imágenes, audios, fotografías o videos que afecten la dignidad o la intimidad de la denunciante.
Siempre según el oficio, en caso de incumplimiento de una o varias medidas de protección decretadas por el Juzgado, incurrirá en el hecho punible de desacato.
La ley 5777/16 y antecedentes en política
La senadora Kattya González (PEN) denunció ante el Juzgado de Paz de La Encarnación al diputado Rodrigo Gamarra (ANR-HC) por violencia contra la mujer y pidió medidas de protección para que cese la situación, así como custodia policial en caso de que ambos coincidan en el ámbito laboral.
Junto a la encuentrista Kattya González se presentó también como denunciante su asesora Soledad Blanco. Ambas pidieron medidas cautelares de protección, que contemplan la prohibición al cartista Rodrigo Gamarra de realizar actos de persecución, intimidación o acoso, incluyendo en sus redes sociales.
Asimismo, apuntaron a una orden judicial que les sirva como respaldo para acudir a la autoridad más cercana en caso de amenaza de agresión. En ese sentido, pidieron la prohibición para el diputado de asistir a los mismos lugares que las denunciantes, salvo en el ámbito laboral, en cuyo caso solicitaron custodia policial para resguardar su seguridad.
La denuncia se respalda en la Ley 5777 de Protección Integral a las Mujeres.
Cuestionamientos
Aparentemente los políticos y funcionarios públicos se estarían acogiendo a la interpretación de la ley 5777 para evitar cuestionamientos en ejercicio de funciones, cosas que fue muy cuestionada por la ciudadanía teniendo en cuenta el objetivo final que tiene por objeto establecer políticas y estrategias de prevención de la violencia hacia la mujer, mecanismos de atención y medidas de protección, sanción y reparación integral, tanto en el ámbito público como en el privado.
En ese sentido, las disposiciones de los jueces que acatan las medidas dispuestas pueden prohibir de alguna manera cuestionamientos a los ejercicios de funciones de mujeres que ocupen cargos públicos o de poder en la República del Paraguay.
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