La tragedia que terminó con la vida de una abuela y su nieta tras el derrumbe de un edificio en construcción en la ciudad de Encarnación sacudió a toda la comunidad y ahora tiene a seis personas imputadas por presuntos hechos punibles de actividades peligrosas en la construcción, exposición de personas a lugares de trabajo peligrosos y homicidio culposo. Así lo establece el extenso Acta de Imputación N° 53/2025, elevada por un equipo de fiscales de la Unidad Penal N°1 del Departamento de Itapúa.
Los imputados son Roberto Faustino Ramírez Faria, arquitecto y proyectista de la obra; Ramona Teresa Bogado Benítez, propietaria del inmueble; Mario Bruno Urbina, arquitecto encargado de trabajos de albañilería; René Orlando Miglio, director de Infraestructura Pública y Servicios de la Municipalidad de Encarnación; Luis Yd Sánchez, intendente municipal de Encarnación; y Roberto Montiel Cabral, encargado de la obra y cuidador del predio.
El origen del desastre: ampliaciones irregulares y omisión de controles
Según la investigación fiscal, en mayo de 2023 se otorgó el primer permiso de construcción para un edificio de cinco pisos sobre la calle Capellán Molas, en pleno barrio San Roque González de Santa Cruz. El proyecto original, firmado por Ramírez Faria y Bogado Benítez, pronto fue ampliado con nuevas solicitudes: primero se autorizó construir hasta siete pisos y luego se extendió hasta ocho. Cada permiso fue aprobado por el intendente Sánchez y el director Miglio, pese a incumplimientos documentales claves como planos estructurales sin firma de ingeniero civil, ausencia de certificados de servicios básicos y deficiencias técnicas graves.
El documento detalla que durante la construcción se detectaron pilares y vigas con dimensiones inferiores a las proyectadas, ausencia de estudios de suelo y deficiencias estructurales que comprometían la estabilidad del edificio. Aun así, la obra siguió adelante. Informes de ingenieros contratados por Urbina y Bogado advirtieron sobre serios riesgos de colapso, especialmente en la zona de la piscina ubicada en la azotea. Pese a estas alertas, la propietaria y el arquitecto continuaron con la obra sin adoptar correctivos estructurales.
La noche del derrumbe
El 2 de abril de 2025, pasadas las 22:30, la estructura cedió por completo. Bajo los escombros quedaron atrapadas Hermelinda Báez de Brítez y su nieta adolescente, Monserrat Elizabeth Brítez Alfonso. Según el acta fiscal, ambas habían sido autorizadas por Montiel Cabral a pasar la noche en un depósito improvisado dentro del edificio en construcción, zona que no contaba con medidas de seguridad y que debía estar restringida.
La causa probable de la muerte de ambas fue politraumatismo grave por el colapso de la estructura.
Graves omisiones y responsabilidades compartidas
El Ministerio Público sostiene que existieron graves incumplimientos de normas de seguridad, tanto de quienes dirigieron la obra como de los funcionarios municipales que debían garantizar el control técnico y legal. El intendente Sánchez y el director Miglio son señalados por conceder permisos sin cumplir requisitos establecidos por la Ordenanza Municipal N° 56/75 y la Ley Orgánica Municipal N° 3966/19. Por su parte, Ramírez Faria, proyectista y constructor principal, es señalado como autor de la estructura deficiente, mientras que Bogado Benítez y Urbina habrían ignorado advertencias técnicas sobre la fragilidad del edificio.
Además, la Fiscalía recalca que Montiel Cabral, como encargado y cuidador, permitió la permanencia de personas ajenas a la obra en una zona de riesgo evidente.
Posibles penas
Los delitos imputados —actividades peligrosas en la construcción, exposición de personas a lugares de trabajo peligrosos y homicidio culposo— prevén penas de hasta cinco años de prisión para cada hecho punible, pudiendo acumularse en caso de condena. En los casos donde se compruebe la complicidad, la pena podría atenuarse, pero sin eximir la responsabilidad personal de cada involucrado.
El Juzgado Penal de Encarnación deberá fijar fecha para la audiencia de imposición de medidas, donde se definirá si los imputados enfrentarán el proceso en libertad o bajo medidas cautelares más severas.
La caída de este edificio no solo expone un presunto caso de negligencia técnica y administrativa, sino que abre un fuerte debate sobre los controles municipales y la seguridad de las construcciones que proliferan en Encarnación y otras ciudades del país. La ciudadanía exige justicia para las víctimas y responsabilidades claras para que tragedias de este tipo no vuelvan a repetirse.
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