El pasado 2 de abril se cumplió un mes del trágico derrumbe del edificio de ocho pisos en construcción ubicado sobre la calle Capellán Molas, en el barrio San Roque González de Santa Cruz de Encarnación. La estructura colapsó a las 22:18 del miércoles 2 de abril, sepultando bajo toneladas de escombros a Hermelinda Báez (55) y su nieta Montserrat Brítez Alfonzo (15), quienes pernoctaban en el lugar debido a su precaria situación económica. A 30 días del siniestro, la ciudad sigue sumida en una mezcla de luto, indignación y una creciente exigencia de justicia que no ha encontrado aún respuesta institucional.
La tragedia expuso un complejo entramado de irregularidades técnicas, omisiones administrativas y una serie de decisiones cuestionables por parte de autoridades municipales, constructores y profesionales del proyecto. A medida que avanzan las investigaciones del Ministerio Público y se conocen los detalles del expediente urbanístico, crece la certeza de que el derrumbe fue una tragedia evitable.
Graves irregularidades: una construcción que no debió llegar tan lejos
La obra contaba inicialmente con aprobación municipal para cinco pisos. Sin embargo, sin los refuerzos técnicos requeridos, se construyeron tres niveles adicionales, e incluso una piscina de hormigón en la terraza, incrementando el peso total de la estructura. La Municipalidad detectó esta irregularidad y, lejos de ordenar su paralización como establece la Ordenanza 56/78, aplicó una simple multa y permitió la continuación de los trabajos.
El dictamen de la Comisión de Obras, Infraestructura Pública y Servicios de la Junta Municipal de Encarnación reveló omisiones fundamentales: ausencia de cálculo estructural firmado por un ingeniero civil, planos con inconsistencias, cambios no autorizados en la ubicación de escaleras, voladizos no previstos en los diseños originales y un uso del terreno que violaba el Factor de Ocupación de Suelo (FOS) y el Factor de Ocupación Total (FOT). Tampoco se respetaron las normas de prevención contra incendios ni se cumplió con la ordenanza vigente sobre estacionamientos en proyectos tipo apart-hotel, categoría que, según la Junta, corresponde a la construcción colapsada.
Silencio, contradicciones y falta de empatía desde el gobierno municipal
La reacción institucional, lejos de aplacar el clamor social, lo agudizó. René Miglio, director de Obras de la Municipalidad, protagonizó una conferencia de prensa el día siguiente al derrumbe, donde evitó asumir responsabilidad, afirmando que el edificio “no estaba habilitado para que personas durmieran”, en una frase que generó repudio generalizado. Más tarde, cambió su versión sobre la existencia de inspecciones municipales, admitiendo primero que solo se realizan dos (inicio y final), y luego asegurando que hubo “inspecciones constantes” aunque orientadas a la imposición de multas, no a evaluar la calidad estructural.
El intendente Luis Yd, por su parte, apeló nuevamente a su argumento habitual de “persecución política” para intentar desacreditar a quienes exigen respuestas. En vez de disculpas, ofreció evasivas y victimización, lo que incrementó la frustración ciudadana. Durante una conferencia, tanto él como Miglio fueron vistos riendo antes de dirigirse a los medios, hecho que fue percibido como una muestra de desprecio hacia las víctimas.
Karen Alfonzo, madre de Montserrat, expresó públicamente su dolor y denunció la indiferencia de las autoridades: “Se rieron en mi cara. Yo no quiero dinero, quiero justicia. Mi hija murió y hasta hoy, ninguno de los responsables se acercó siquiera a darme el pésame”.
Acciones legales e investigaciones en curso
El Ministerio Público, encabezado por un equipo fiscal conformado por Ever Regalado Williams Villasanti, Francisco Martínez y Rocío Valdez, lleva adelante una investigación penal con la carátula de “intervenciones peligrosas en la construcción”. Se ordenó un peritaje técnico con apoyo del Laboratorio Forense para establecer las causas del colapso y la cadena de responsabilidades.
Simultáneamente, Karen Alfonzo presentó una denuncia penal contra la propietaria del inmueble Ramona Teresa Bogado, el arquitecto Roberto Ramírez y los funcionarios municipales implicados, incluyendo al director de Obras y al intendente. Se los acusa por homicidio culposo y por omisión en la adopción de medidas preventivas.
El rol del sector técnico y la comunidad profesional
La Asociación de Arquitectos de Itapúa emitió un comunicado expresando solidaridad con las víctimas y solicitando una investigación transparente. El gremio pidió reforzar los controles sobre obras en construcción y actualizar la normativa de edificabilidad para prevenir nuevos desastres.
El arquitecto Rolando Ayala, consultado tras el hecho, insistió en que ningún edificio puede ampliarse sin una evaluación estructural rigurosa: “Las estructuras para cinco pisos son para cinco pisos. Si se quiere crecer, se debe reforzar desde las bases. La seguridad debe estar por encima del rédito económico”.
Mega Concret S.A., empresa proveedora del hormigón, también salió al paso para deslindar responsabilidades, aclarando que solo proveyó materiales para losas y vigas, sin participación en pilares ni fundaciones, construidas por encargo directo del arquitecto.
Un edificio levantado sobre negligencia
El informe de la Junta Municipal, sumado a las investigaciones preliminares, deja claro que hubo conocimiento previo de las irregularidades por parte de las autoridades. El concejal Andrés Morel denunció incluso el ocultamiento de planos y calificó de autoritaria la negativa a compartir documentos con la prensa. “Los planos evidencian errores graves que, si se hubieran corregido a tiempo, podrían haber evitado esta tragedia”, sostuvo.
La ciudadanía encarnacena continúa movilizada, exigiendo respuestas concretas y justicia para Montserrat y Hermelinda. Este hecho sin precedentes en la ciudad ha abierto un debate nacional sobre la seguridad en las construcciones, la ética profesional y el rol que deben cumplir los entes de control.
Conclusión: Un mes sin justicia, pero con memoria activa
A un mes y cuatro días del derrumbe, no hay imputaciones formales ni sanciones administrativas. Las familias siguen esperando respuestas. Lo que comenzó como una negligencia silenciosa, se convirtió en una tragedia pública. Pero también en un símbolo del hartazgo de una comunidad que ya no tolera la impunidad institucional.
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