La abogada Francisca Beatriz Silvero, presentó un nuevo escrito en el marco de la causa conocida como el “carneo municipal” (expediente N.º 7728/2024), donde defiende a tres imputados por el desarme irregular de un vehículo en el Taller Municipal de Encarnación.
En esta ocasión, la profesional solicitó al Juzgado Penal de Garantías que se oficie a los medios de comunicación y a programas periodísticos locales para que cesen de publicar informaciones sobre su desempeño en la causa. En su presentación, Silvero denuncia “hostigamiento sistemático, misoginia y persecución extrajudicial” por parte del querellante, el Abg. Giorgio Benítez, y del fiscal interviniente Luis Albertini, acusándolos además de filtrar datos del expediente a la prensa.
El pedido de la abogada también apunta directamente a medios como Itapúa Noticias, a quienes responsabiliza por difundir lo que considera “contenido falso o difamatorio” que afecta “su honra, su salud y su imagen profesional”. Incluso invoca la Ley 6534/20 de Protección de Datos Personales para exigir que se reserven sus datos y se impida a terceros el acceso a la información del proceso.
La defensa de Silvero sostiene que lo que enfrenta no es un control judicial legítimo, sino “violencia simbólica, mediática e institucional”, y exige al Juzgado que se disponga la reserva del proceso, prohibiendo a la Fiscalía y a la querella difundir datos de la causa.
El nuevo escrito se da en un contexto polémico. Días atrás, el Juzgado de Garantías ordenó la verificación forense del certificado médico presentado por Silvero, con el que buscó excusarse de asistir a la audiencia preliminar. El documento, firmado por un geriatra, diagnosticaba un cuadro de “síndrome bronquial agudo – EPOC”, lo que generó fuertes sospechas sobre su autenticidad y validez técnica.
La diligencia médica, sin embargo, no pudo concretarse porque la dirección aportada por la abogada era vaga e imprecisa, lo que impidió ubicar su domicilio. La Fiscalía sostiene que se trata de una estrategia dilatoria más en un proceso que ya acumula postergaciones.
Lo que está en juego
Los acusados en la causa son César Christian Danilo Rienzzi Fernández, Elvio Adrián Benítez, Juan Gustavo Valdez y Miguel Ángel Sanabria, quienes afrontan cargos por el desmantelamiento de un vehículo Toyota Vitz, propiedad de Adriana Meza, dentro del Taller Municipal de Encarnación.
La pulseada ahora no solo se libra en los estrados judiciales, sino también en el terreno de la opinión pública: mientras la abogada busca silenciar a los medios, la Fiscalía y la querella apuntan a exponer lo que califican como maniobras para obstruir el avance del proceso.
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