El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados inició una investigación preliminar a dos magistradas penales que beneficiaron a un narcotraficante condenado a 24 años, actualmente suspendidas en sus funciones. Fue en la sesión ordinaria de hoy, donde se dispuso idéntica determinación con relación a otros cuatro magistrados por actuaciones en causas tramitadas en los fueros de Niñez y Civil y Comercial.
Por decisión unánime de los integrantes del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) se dio inicio al enjuiciamiento de las juezas que en mayo pasado otorgaron beneficios al traficante de drogas condenado a 26 años de cárcel Erwin Jorge Solalinde Krause, alias Koki, de 46 años, detenido en abril de 2016 en Villeta, como responsable de una carga de 18.900 kilos de marihuana que debía ir en barco a Uruguay.
Se trata de la Jueza de Ejecución del 2º turno de la Circunscripción Judicial de Itapúa Laura María Benítez y de la Jueza de 1º Instancia en lo Penal de la Adolescencia de J. Augusto Saldívar e interina del Juzgado Penal de Garantías Circunscripción Judicial de Central María Nunila González Franco.
El primer voto a favor del enjuiciamiento fue del ministro de la Corte Suprema de Justicia, César Garay Zuccolillo, quien destacó que ambas fueron suspendidas sin goce de sueldo por decisión unánime del pleno de la máxima instancia judicial, el 19 de junio pasado. Asimismo, el 3 de julio último se rechazaron los recursos de reconsideración planteadas por ambas magistradas.
Ministro de la Corte fustigó accionar de juezas a favor de Erwin Solalinde
«La jueza de Ejecución de Encarnación (Itapúa) Laura Benítez otorgó prisión domiciliaria contra legem a Erwin Solalinde, condenado a 24 años de pena privativa de libertad por tráfico de drogas. El artículo 239 del Código de Ejecución Penal reza que cuando el condenado tuviere más de 70 años de edad, estuviese gravemente enfermo o en etapa terminal o con algún impedimento físico para valerse por sí mismo, el Juez de Ejecución podrá disponer su prisión domiciliaria. En el sub examine no se justificó en absoluto ninguna de esas exigencias legales», explicó Garay Zuccolillo.
«En el otro caso, la jueza Nunila González benefició a la misma persona, Erwin Solalinde, con el arresto domiciliario, procesado en otra la causa penal por el homicidio doloso de su sobrino y sin tener en mira en absoluto ni la reiteración ni la reincidencia que campean en materia penal de antecedentes», con lo que se configuran los requisitos de gravedad, notoriedad y afectación al interés público suficientes para el enjuiciamiento.
«Quienes ejercen la magistratura deben ceñir sus actuaciones de modo irrestricto a las normativas constitucionales y legales en cabal cumplimiento de funciones en el sistema de justicia, en el que la ciudadanía de bien confía la seguridad colectiva», agregó, tras destacar la elevada pena privativa de libertad del narcotraficante beneficiado.
Acompañaron la petición de Garay la presidenta Alicia Pucheta, el diputado Alejandro Aguilera, Enrique Berni y los senadores Mario Varela y Derlis Maidana.
Fuente: ABC
Este medio no se hace responsable ni partícipe de las opiniones vertidas por los usuarios de esta sección. Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales. Itapúa en Noticias se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes, discriminadores o contrarios a las leyes de la República del Paraguay