La asesora jurídica de esta Comuna, María Cristina Morínigo, insistió ayer en que en la administración del cartista Chávez no se cometieron hechos punibles. Anunció que están preparando documentación para “probar” que no robó.
La funcionaria señaló que todavía no fueron notificados de ninguna denuncia contra la intendencia ante la Fiscalía General del Estado, pero que ya se enteraron por las redes sociales y los medios de comunicación. “Vamos a analizar esta situación, estamos preparando los papeles correspondientes, y vamos a contratar un perito para que también nosotros tengamos una conclusión del caso. Nosotros tenemos una posición contraria, acá no hay faltante de dinero”, manifestó.
La abogada admitió que durante el examen especial practicado por la Contraloría General de la República (GCR) les fueron señaladas faltas administrativas, pero insistió en que no hay faltante de dinero. Agregó que el intendente “está tranquilo” y en condiciones de probar que no cometió hechos punibles. “Estamos contratando nuestros propios peritos”, para probar, indicó. Ayer el jefe comunal no se encontraba en su despacho, según nos informó su asesora legal.
La denuncia
El pasado 13 de noviembre, la CGR presentó a la Fiscalía General un informe de 10 páginas en que se detallan las conclusiones de una Fiscalización Especial Inmediata (FEI) ejecutada por auditores de la Dirección General de Control de Organismos Departamentales y Municipales de la CGR. Estos peritos encontraron indicios de un perjuicio patrimonial a la municipalidad de Mayor Otaño por un valor total de G. 1.008.987.100, según precisa el documento arrimado al Ministerio Público.
Los técnicos detectaron al menos 15 puntos en el que se cometieron irregularidades en la administración municipal, de entre los cuales los más notorios refieren a pagos por combustibles y lubricantes con fondos de royalties por valor de G. 500 millones, sin vinculación con gastos de capital. Según la ley, estos fondos deben ser utilizados exclusivamente para la realización de obras de infraestructura.
También se utilizó royalties para pagar objetos de gastos 420, rubro que corresponde a minerales de cualquier tipo, por un monto de G. 320.573.200, sin vinculación con gastos de capital, como lo establece la ley. Asimismo se detectaron fondos que supuestamente fueron transferidos como capital a comisiones vecinales, pero que nunca fueron administrados por los beneficiarios. En este rubro fueron transferidos G. 109.730.000, según el informe.
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